Desde el año 2016, la UNA creó una comisión con los objetivos de estudiar, construir, validar y proponer su propia política de niñez y adolescencia, que sirva para integrar e impulsar esfuerzos estratégicos en materia de investigación, docencia, extensión, producción e incidencia académica, que potencien su aporte institucional al cumplimiento de derechos y al mejoramiento continuo de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Esta comisión elaboró y entregó al Consejo Universitario una propuesta de política de niñez y adolescencia que actualmente se encuentra en proceso de dictaminación en esta instancia.
Compromiso social
En el artículo segundo del Estatuto Orgánico de la UNA, referido a sus valores institucionales, se establece en su inciso B que uno de los cinco valores centrales que sustentan todo el quehacer universitario es el del Compromiso Social, entendido aquí como: “la orientación de las tareas institucionales hacia el bien común, en particular hacia la promoción y consecución de una mejor calidad de vida para los sectores sociales menos favorecidos”, siendo, sin duda alguna, la población menor de edad uno de tales colectivos. De ser aprobada, esta política institucional especificaría cuál es el mandato y el compromiso particular de la UNA con este vital sector de la población.
Urgencia de respuestas articuladas para los sectores más vulnerables ante la pandemia
La actual crisis desatada por la pandemia del COVID-19 requiere que todas las instituciones del país redoblen sus esfuerzos tanto para proteger a la población de este virus y sus consecuencias, como para contribuir al futuro proceso de recuperación cuando pase la pandemia. La UNA, con los recursos claves que posee puede, a través de toda su acción sustantiva, dar una gran aportación tanto a esta protección como al proceso de recuperación, pero el mejor aprovechamiento de tales recursos se puede beneficiar y potenciar con políticas claras que marquen el rumbo hacia cada sector de la población, siendo el de niños, niñas y adolescentes uno de carácter prioritario, como lo dicta el principio del Interés Superior, respaldado en el artículo 51 de nuestra Constitución Política, así como en el artículo quinto del Código de Niñez y Adolescencia, y en el artículo tercero de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica desde el año 1990.
Visión estratégica
Para ser eficaces, los procesos de protección y recuperación nacional, así como el impulso del desarrollo humano del país, deben contar con una visión estratégica que sirva para orientar y articular los esfuerzos y los limitados recursos existentes, siendo que la propuesta de política en mención surge como resultado de un proceso de investigación, consulta, articulación, análisis y planificación rigurosos, lo cual le da la fundamentación y solidez para convertirse en una guía para dar una mejor respuesta desde la especificidad de la UNA al sector de las personas menores de edad y sus familias.
Evidencia científica reciente
Como lo demuestra un creciente volumen de evidencia científica de alta calidad, la inversión en aquellas acciones dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes que muestra resultados positivos tiene un elevado valor agregado que se incrementa a través del ciclo vital conforme más temprana es la inversión, convirtiendo esto a la inversión pública en niñez y adolescencia en una de las de mayor impacto social existente si se hace correctamente, es decir, basada en evidencia. Lo anterior solo es posible a través de la integración entre la investigación pertinente y la implementación de acciones sustentadas y orientadas por tal evidencia, proceso que requiere una mayor coordinación entre la institucionalidad universitaria y la labor ejecutiva del Estado, como de todas sus instituciones y de toda la sociedad en su conjunto (Berlinski et al., 2015; Busso & Inter-American Development Bank, 2017; Chaverri Chaves & Arguedas Ramírez, 2020; Gertler et al., 2014; Heckman et al., 2010).
La puesta en práctica de políticas de desarrollo basadas en evidencia es hoy más urgente que nunca, pues viene a revitalizar, impulsar y dar una visión más estratégica a los esfuerzos que ya se hacen dirigidos a los grupos más vulnerables de la población, en este caso la población menor de edad, que debido a sus características y condiciones particulares requiere políticas que respondan a las mismas.
Como bien lo indicó el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de 1990: "no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana". Es crucial que nuestros tomadores de decisión sepan ponerse a la altura de las circunstancias históricas e impulsar políticas públicas nacionales e institucionales de calidad y basadas en evidencia dirigidas hacia las personas menores de edad, trascendiendo así las simples declaraciones de buenas intenciones y entrando en la lógica de la predicción del mayor bien posible para la mayor cantidad de personas, empleando para ello los mejores resultados de la investigación científica reciente.
Costa Rica es una sociedad con un enorme potencial porque en el pasado supo renunciar a la guerra y apostó por la salud y la educación, pero lamentablemente hoy nuestra nación es uno de los países más desiguales de todo el mundo, comprometiendo así su estabilidad, su desarrollo y sus posibilidades futuras. En este sentido, una inversión renovada en la población menor de edad desde las diversas instituciones involucradas, sería una de las mejores formas de fortalecer su tejido social desde su base demográfica.
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