En el año 2004 sucedió algo que nunca antes había acontecido. Con ocasión de la reelección del magistrado Luis Paublino Mora M. la Asamblea Legislativa le cuestionó actuaciones estrictamente jurisdiccionales que no habían sido de su agrado o que no se alineaban a sus intereses y se intentó no reelegirlo. Publiqué entonces un artículo que titulé “Un Mal Precedente”. Hasta entonces no se le había ocurrido a ningún parlamento anterior, osar atacar la independencia judicial de forma tan burda. Para esa fecha, se había respetado lo que don Carlos José Gutiérrez G. llamó la fórmula constitucional costarricense de adaptar la idea estadounidense de tener magistrados o magistradas vitalicios, estableciendo su no reelección únicamente a través de una votación calificada.

Imbuido por la filosofía de don Carlos José, mi egregio maestro de Derecho Constitucional, siempre he creído que sí, que esa es la mejor forma de curar al sistema de los intereses de tipo político-partidario y garantizar la independencia de nuestra alta magistratura. Mucho tiempo ha transcurrido desde ese intento de fusilar a don Luis Paulino Mora en el año 2004 y el parlamento actual, en el tema de las magistraturas, es el más asqueroso que haya conocido en la historia reciente. Mientras en los Estados Unidos de América se discute si la Corte Suprema se nutre de magistrados o magistradas conservadores o liberales, en Costa Rica se discute cuál candidato es más servil o cuál reelección no le sirve a los intereses del momento. Esto me hace pensar que ya esa fórmula costarricense no funciona. Realmente quisiera que todos los magistrados y magistradas electos por la actual asamblea legislativa lo hubieran sido por un período de un año y sin derecho a reelección.

Ahora bien, como toda regla tiene su excepción, no creo saludable para la institucionalidad costarricense que no se reelija al magistrado Fernando Cruz Castro. ¿Por qué? Por no pocas razones. Primero que todo, para quienes me han leído anteriormente les podría parecer contradictorio que ahora escriba en defensa de su reelección si en artículos anteriores he atacado su ejercicio en la presidencia de la Corte. Sí, lo he hecho, sin embargo, creo que deben distinguirse dos estatus que son absolutamente diferentes. Una es la condición de magistrado y otra muy distinta la de presidente de la Corte. Con el magistrado Cruz Castro me sucede lo mismo que con don Luis Paulino Mora. No creo que su labor como presidentes de la Corte haya mejorado la administración de justicia o hayan elevado a la institución. Sin embargo, otra cosa es su consideración como jueces. Recuerdo a don Fernando Cruz Castro como un valiente jefe del Ministerio Público a quien no le tembló el pulso para acusar al presidente Luis Alberto Monge Araya por el festín corrupto que se hizo con el entonces Fondo Nacional de Emergencias y del que sólo se escapó gracias a una excepción de prescripción. Recuerdo a don Fernando Cruz Castro como un juez probo y lo recuerdo como un magistrado constitucional independiente. Su reelección se impone.

Ayer mismo (23/09/20) la Comisión de Nombramientos de la Asamblea dictaminó favorablemente su reelección y podría pensarse innecesario este artículo en su apoyo. Sin embargo, siendo esa comisión la menos respetada en el Plenario y la más proclive a prestarse a los más ocultos intereses, no hay certeza de que esa sea la voluntad final del Parlamento.

Si tuviera que elegir entre un magistrado liberal y un magistrado conservador, probablemente no pensaría en el magistrado Cruz Castro. No comulgo con su conservadurismo, sin embargo, la elección hoy es entre magistrados serviles a los intereses políticos y magistrados independientes. En este juego, voto por la reelección.

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