La Contraloría General de la República presentó un informe de los servicios brindados por el Consejo Nacional de Producción (CNP) para el fomento de la producción de micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas, en el cual se encontraron limitaciones significativas que afectan su eficiencia y eficacia.
Dato D+: Al primer trimestre del año 2020 la población dedicada a la agricultura, ganadería y pesca representaba un 12% de la fuerza laboral ocupada, pero la mayoría (59,6%) de los puestos de trabajo en el sector son informales.
Al 31 de diciembre de 2019, mediante el servicio de comercialización prestado por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), se abastecían 38 instituciones del Sector Público, que solo en el caso del Ministerio de Educación Pública incluía el servicio a 2.140 Juntas de Educación y Administrativas. Según los datos de la Contraloría, estas ventas a instituciones aumentaron casi 4 veces en siete años, pasando de ₡17.504 millones en 2012 a ₡67.430 millones en 2019.
A pesar de la cuantía de las ventas, la Contraloría encontró que el CNP no cuenta con la información actualizada sobre la cantidad de productores beneficiados mediante la cadena de comercialización generada por medio del PAI. Adicionalmente se identificó que un 21,5% (78) de los proveedores inscritos en ese programa no tenía cuota de mercado asignada y un 22,1% (63) de quienes sí cuentan con cuota de mercado se dedican al acopio y distribución de productos; es decir, no corresponden a beneficiarios agroindustriales o productores primarios.
Según la Contraloría las compras realizadas por el CNP a esos 63 proveedores que no son productores primarios fue por un monto de ₡31.634,3 millones entre el 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2020, lo cual representan un 19,6% del total de compras de ese periodo. Desde el CNP aseguraron a la Contraloría que esos casos corresponden a la limitación logística que presentan algunos productores primarios, lo que para la Contraloría es una limitante al fin del CNP de atender y focalizar los recursos a los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios.
Otro de las deficiencias encontradas son los plazos de pago a los proveedores, pues la auditoría identificó que para el periodo 2018-2020, el 92,4% de las facturas pagadas no cumplieron con los tiempos de pago establecidos según la línea de producto.
Dato D+: Los tiempos máximos de pago del CNP según la línea de productos comercializada son: 60 días para abarrotes, 45 días para cárnicos y 40 días para hortofrutícolas.
Adicionalmente, la auditoría encontró otros errores de facturación como inconsistencias en las fechas de pago para 420 registros que sumaron un aproximado de ₡133,3 millones, asimismo 556 registros de facturas sin la actualización al estado “cancelado” por un monto de ₡174,1 millones y un total de 35.831 registros duplicados.
Además, la auditoria identificó que los servicios de generación de valor agregado agropecuario que realiza el CNP (que incluyen capacitación y asistencia técnica) no tienen una visión estratégica integral, por lo que son acciones dispersas que se ejecutan sin una evaluación periódica sobre su contribución en el fomento a la producción. Según el informe el CNP no dispone de una planificación estratégica institucional desde el año 2014.
Como resultado de la auditoría, la Contraloría ordenó al presidente del CNP, Rogis Bermúdez Cascante, que implemente un plan estratégico que debe estar definido, oficializado y divulgado a más tardar el 30 de junio del 2021, así como otras órdenes a directores y gerentes del CNP para que subsanen las deficiencias encontradas.
