La elección del vértice del Poder Judicial es siempre una decisión política y eso, en rigor, no está mal. No vamos a demonizarlo. Los altos cargos del sistema de justicia requieren de algún tipo de legitimidad democrática y ella, lo queramos o no, solo puede concederla el Congreso, donde está la representación de la soberanía popular. 

El debate sobre cuál es la mejor forma de seleccionar a los magistrados es necesario. La actual tiene debilidades. Sin embargo, mientras no se reforme bregaremos con lo que hay. Por ahora, se anunció hace unos días, la discusión acerca de la reelección del magistrado Fernando Cruz. Hay 5 razones (constitucionales, históricas y contextuales) por las que el juez Cruz debería ser reelecto.

Primero, porque nuestra Constitución Política diseñó un mecanismo cuyo propósito es hacer de la inmovilidad en el puesto de magistrado la regla, de manera que la remoción sea excepcional. No conozco otro caso así, al menos en América Latina, pero cumple con un propósito superior. El constituyente, en vez de decantarse por una elección vitalicia –como en Estados Unidos- o de plazos fijos –como en España-, prefirió un sistema de mayorías reforzadas para la reelección. 

Para ser electo magistrado, se requieren 38 votos a favor –de 57- pero una vez en el puesto, se necesita una mayoría agravada en contra, de también 38 votos, para no ser reelecto. Esto supone que los magistrados tendrán la suficiente independencia, y en consecuencia el Poder Judicial, para ejercer sus funciones de manera que la reelección no sea un incentivo para alinearse con el poder político. En los regímenes democráticos esto es clave. Los diputados, como apuntan Lebitzky y Siblatt en “How democracies die”, salvo poderosas razones, deberían, mientras las reglas no cambien, respetar la norma no escrita de la reelección como una vía para proteger la independencia judicial. 

Segundo, porque aunque no se compartan todas sus decisiones, lo cual es bastante normal, -faltaría mas- nadie podría negar que Cruz es un juez de carrera, experimentado probo y estudioso. La experiencia no puede desaprovecharse. Yo mismo creo que en algunos temas, por ejemplo relacionados con el sistema penal, ha sido conservador. Habría preferido ver resoluciones suyas, y del resto de la Sala Constitucional, más progresistas, más contundentes y más arriesgadas en temas, para no ir muy lejos, como el del desastre penitenciario que mantenemos en Costa Rica. 

Pero esto no impide que reconozca que votos suyos, como el 12745-2019 y el 18529-2008, sobre protección al medio ambiente, o el 5282-2016 sobre derechos fundamentales de personas con discapacidad, representan hitos que actualizaron los contenidos constitucionales y que fortalecieron los alcances de nuestra imperfecta democracia. Pero sobre todo que lo colocan como un magistrado que ha honrado su designación.

Tercero, porque hace 8 años, sin quererlo, Cruz se convirtió en un símbolo de la independencia judicial cuando, con una torpeza difícilmente superable, un diputado admitió que el fallido intento por no reelegirlo estuvo movido por el interés de “enviar un mensaje a la Corte” de cara a fallos que no habían sentado bien en la Asamblea. Removerlo ahora sería algo más que una revancha, sería la confirmación de que solo fue cosa de tiempo. De que al final, al Poder Judicial se le puede torcer el brazo. Y ese mensaje, en términos de independencia frente a las élites político-partidistas, debilita a la institucionalidad y al Estado de Derecho. 

Cuarto, porque Cruz es, también, presidente de la Corte Suprema y a su periodo aún le quedan dos años. Durante la Segunda República, casi todos los presidentes de la corporación judicial han finalizado el término de su mandato. No ha sido así solo por muerte (Fernando Baudrit y Luis Paulino Mora) o jubilación (Ulises Odio, Miguel Blanco y Carlos Chinchilla, este último arrinconado, además, por el escándalo del Cementazo). No es el caso. Sería una extravagancia, por decir poco, que el legislador interrumpa una decisión de la propia Corte Suprema de Justicia respecto a quién es su presidente.

Quinto porque no reelegir a Cruz supone abrir unas pugnas dentro del Poder Judicial, para escoger a su sucesor, que en este momento no serían nada constructivas. No se dice mucho, pero dentro de la Corte hay grupos y subgrupos. La realidad ha terminado por arrollar aquella imagen inmaculada y casi sacramental de la magistratura. Tampoco es que esté mal, pasa en todos los poderes judiciales del mundo. Estas facciones, como en cualquier otro brazo del Estado, disputarán, legítimamente, la presidencia pero, con seguridad, agrietarían la relativa estabilidad que parece haberse alcanzado después del annus horribilis por el que se pasó en 2018. 

Decir que la pandemia lo ha cambiado todo es una obviedad. Las instituciones han debido adaptarse, a veces de forma atropellada, para intentar responder, en medio de la crisis, al dramatismo que las circunstancias han impuesto. El Poder Judicial ha hecho lo propio ajustando estructuras, procesos e impulsando medidas de urgencia para que el servicio público se vea lo menos afectado posible y cuya eficacia aún está por verse.

¿Qué necesidad de precipitar al gobierno de los jueces a una lucha interna? ¿Con la que está cayendo, qué se ganaría al hacer eso ahora? ¿Cuánto tiempo demoraría, por otro lado, llenar la vacante que quedaría en la Sala Constitucional a las puertas de una campaña electoral y de las cuestiones por resolverse en sede legislativa sobre el Covid-19? Lo más sensato es esperar a que el magistrado Cruz acabe su mandato y las condiciones extraordinarias se hayan, ojalá, reducido. 

La Justicia es muy importante, merece protegerse utilizando las herramientas que dejaron los constituyentes y encargándosela a personas, más allá de que no se vaya a coincidir siempre, de las que no quepa duda sobre su integridad y su talante democrático. Al tiempo, vivimos un contexto enrarecido y difícil que aconseja prudencia, voluntad de entendimiento y sentido de Estado. Ambos factores son lo suficientemente determinantes como para reconocer qué es lo que más conviene respecto a esta reelección.

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