Seamos honestos. A estas alturas, ya todos sabemos lo que pasa cuando la Asamblea Legislativa hace interpelaciones; y la hecha este miércoles al ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, no fue la excepción: un vergonzoso circo.
Lo usual: diputados que hacen preguntas y no permiten que el interpelado responda; diputados que no hacen preguntas sino comentarios y cuando el interpelado quiere refutar, es callado con el tradicional "es mi tiempo"; y el más común de los actos de irrespeto que se presentan en estos eventos: las rupturas de quórum, la ausencia de Plenarios en el salón de sesiones y el escándalo mientras hay otros en el uso de la palabra.
No por nada la diputada del Partido Integración Nacional (PIN), Patricia Villegas Álvarez hizo un fuerte llamado de atención que, paradójicamente, fue interrumpido porque mientras lo hacía nuevamente el quórum se había roto.
Con todo respeto yo he estado acá desde que ustedes (ministro y viceministro) ingresaron, con respeto y sin interrupción escuchando atentamente las palabras suyas, las de mis compañeros y compañeras; y creo que el respeto se gana mútuamente. Agradezco a los que siempre, siempre, siempre mantenemos el quorum que somos exactamente los mismos; y lamento que se esté interrumpiendo el Plenario para ver si podemos mandar a llamar a los compañeros que tienen la obligación y el deber con la Patria de permanecer en el Plenario Legislativo.
Pero mejor, omitamos que durante la audiencia hasta un pleito hubo por las publicaciones que hacía en Twitter el Ministerio de Ambiente sobre la interpelación al ministro, y mejor enfoquémonos en el tema central.
¿Para qué fue convocado el Ministro? Para hablar de la situación de la minería ilegal en Crucitas, donde fracasó el desarrollo de un proyecto minero a cargo de Industrias Infinito debido a las grandes ilegalidades que fueron cometidas en el otorgamiento de los permisos. Esto es necesario recordarlo, pues durante la sesión algunos diputados pretendieron "lavar la cara" de quienes cometieron esas ilegalidades. Lo cierto es que, si los trámites para el desarrollo de Crucitas hubiesen estado apegados a la legalidad desde un inicio y hasta su final, la mina ahí estaría operando.
¿Qué llegó a decir? Centralmente, que el Estado ha tomado medidas para detener la extracción ilegal del oro con medidas que incluyen destruir con el uso de explosivos 60 túneles y fosos abiertos ilegalmente por coligalleros apoyados por una estructura criminal que hasta a funcionarios públicos involucra, según reveló un informe del Organismo de Investigación Judicial.
Parte de las polémicas en las que se ha visto envuelto el ministro consisten en "minimizar" el impacto ambiental que ha habido en Crucitas por la minería ilegal. Rodríguez afirmó que la mayor afectación que se ha registrado en la zona es en cobertura boscosa: un 10%.
Asimismo, dijo que el Minae ya tiene mapeadas las 19 fincas privadas donde se comete la extracción ilegal de oro y que el país pasó de un modelo donde se regalaban las ganancias de la minería, a uno donde se roba: "una situación perder-perder".
El ministro, sin embargo, desacreditó la afirmación de que el oro extraído está siendo llevado a Nicaragua y afirmó que más bien está saliendo del país vía aeropuertos.
Rodríguez afirmó que "llegó el momento de que el país defina el rumbo sobre el papel del oro en la sociedad con el fortalecimiento de protocolos de actuación para su explotación y comercio, advirtiendo sobre las consecuencias nefastas de seguir por la vía actual de explotación y exploración de minerales como el oro".
Debido a esa posición, algunas diputadas le preguntaron su posición respecto a algunos proyectos de ley presentados para reactivar la minería en el país. Sin embargo, Rodriguez señaló varias deficiencias en ellos y no lo dejaron continuar criticando los textos porque "es mi tiempo".
El ministro se inclina por una reforma a la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo” para contemplar el oro como materia prima en procesos productivos en Costa Rica y permitir su custodia estatal; además de crear mecanismos de trazabilidad al oro en la economía costarricenses y gravar por medio de una tasa impositiva este mineral.
Sobre las gestiones de combate a la minería ilegal en Crucitas, el ministro afirmó que se han hecho 30 inspecciones, 12 denuncias y mapeo de extracción en 19 fincas; se han presentado 12 denuncias por delitos ambientales (4 desestimadas y 8 en investigación) y se han deportado centenares de personas en condición migratoria irregular. En sus palabras, la situación en Crucitas está ahora controlada.
Otro tema de polémica fue el monto real que ha sido extraído ilegalmente de Crucitas: hay dos estimaciones, una de Setena ($60 millones) y otro de la Dirección de Geología y Minas ($197 millones) que, según el ministro, está sobreestimado en 300%. El diputado Carlos Ricardo Benavides afirmó por su parte que el monto robado en realidad asciende a $500 millones de dólares debido a la diferencia que hay entre una onza tradicional (28,35 gramos) y la onza troy (que equivale a 31,10 gramos).
Reacciones
La fracción del Partido Liberación Nacional afirmó haber escuchado de boca del ministro "con estupor" que Crucitas no es un desastre ambiental; y que tal nivel de indolencia es reprochable y la negligencia mostrada por el Ministro de Ambiente inaceptable.
Para los verdiblancos, las respuestas a las preguntas hechas al ministro demuestran que el jerarca actuó con poco interés y falta de datos, además de resaltar las diferencias ideológicas que hay entre dependencias del Minae.
Por su parte, la diputada María Inés del PUSC afirmó que llegó el momento para que el Gobierno se lave la cara y de soluciones reales y concretas porque a la fecha los problemas en Crucitas persisten; por lo que pidió apoyo para su proyecto de ley 22.007.









