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El pasado 23 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó con 31 votos a favor y 13 en contra el caótico informe de mayoría de la comisión especial investigadora sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); un texto de pésima elaboración, con errores tan grandes como equivocar un artículo de la Constitución Política, despropósitos como llamar “metodología” a las reuniones de la comisión, faltas de profesionalismo como copiar textualmente de las actas de las reuniones u omitir sus fuentes y, lo peor, con datos falsos que fueron prontamente destrozados por el diputado José María Villalta.

Por suerte, el dichoso informe no es vinculante y quedará relegado poco a poco a un nivel de anécdota penosa para confesiones con guaro. Pero, sí es un síntoma preocupante; no de lo que pretendían denunciar los suscritos, sino de un problema global que ha invadido nuestras instituciones y el debate político: el pobre nivel profesional de muchas autoridades (que lo diga John Bolton, con su picante libro sobre la Casa Blanca). Problema que viene en la cola de otro mucho más grande, el anti-intelectualismo de nuestra época, manifestado en un desprecio, más o menos intencional, hacia la información veraz, los datos exactos y las sanas prácticas de verificación, así como un escaso o nulo interés por cumplir con requisitos mínimos de formalidad.

Y ni hablemos de la redacción... En ese sentido, son elocuentes las palabras del diputado Villalta: “Si el informe del FEES fuera una tesina, no les daría a sus redactores para pasar Estudios Generales”.

No menos sintomáticas y preocupantes son las participaciones de ciertos miembros de la Asamblea Legislativa y destaco la del diputado Melvin Núñez, quien osó decir que “del cruce de Orotina hasta el cruce de Palmar no hay una sola universidad” y se queja por la ausencia de casas de educación superior en sitios como Coto Brus, Golfito, Jacó, Parrita, Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Espero que, a estas alturas, alguien le haya informado al diputado Núñez que todos los lugares que mencionó disponen de sedes de la Universidad Estatal a Distancia, ya sea en el propio lugar o razonablemente cerca. Del cruce de Orotina hasta el cruce de Palmar, hay centros universitarios de la UNED en la propia Orotina, en Quepos y en Palmar Norte. Hay UNED en San Vito de Coto Brus y en Ciudad Neily, a media hora de Golfito. En Guanacaste, hay UNED en Cañas, La Cruz, Liberia, Nicoya, Santa Cruz y Tilarán. En Puntarenas, hay UNED en el cantón central, Jicaral, Monteverde y los ya mencionados de la región Brunca, donde también hay UNED en Pérez Zeledón y Buenos Aires. En Limón, hay UNED en el cantón central, Guápiles, Siquirres y Talamanca. Antes de que el diputado Núñez pregunte, hay UNED en Acosta, Atenas, Los Chiles, Palmares, Puriscal, San Carlos, Sarapiquí, San Marcos de Tarrazú, Turrialba, Upala y, para que no le falte, en el Centro Penitenciario La Reforma. Gracias al convenio entre la UNED y el Ministerio de Educación Pública, hay sedes del Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED) en Acosta, Cartago, Ciudad Neily, Esparza, Heredia, Liberia, Limón, Nicoya, Palmares, Puntarenas, Quepos, San José y Turrialba.

Dicho sea de paso, hay sedes de la Universidad de Costa Rica en Golfito, Liberia, Limón, Puntarenas y Turrialba, además de la sede de San Ramón, que fue la única mencionada por el diputado Núñez. También hay sedes de la Universidad Nacional en Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, Sarapiquí y Coto Brus; de la Universidad Técnica Nacional en Atenas, Cañas, Liberia, Puntarenas y San Carlos, donde también hay una sede del Tecnológico de Costa Rica.

Sí, la UNED, con uno de los porcentajes más pequeños del FEES, tiene la mayor cantidad de centros universitarios en el territorio nacional.

Enumerar el aporte que los centros universitarios de la UNED ofrecen a las comunidades que los albergan excedería por mucho los objetivos de este escrito y yo podría invitar a los otros miembros de la Asamblea Legislativa, a las autoridades nacionales y al público en general que busquen y lean al respecto en los diferentes medios por los cuales la UNED da cuenta de sus actividades: su sitio web, sus redes sociales, sus informes de labores, sus revistas y boletines, su rica producción audiovisual, etc. Sin embargo, esa es precisamente la inquietud que me llevó a escribir este artículo: no creo que lo hagan y es claro que muchas de nuestras autoridades no lo han hecho, porque simplemente no parece que les importe.

Alarman estas muestras de ligereza en el foro legislativo. En una mesa de tragos o un pleito de redes sociales, tal vez se valga emitir afirmaciones sin sentir la responsabilidad de fundamentarlas, pero no dentro de un marco oficial de toma de decisiones que afectan a toda la población. Sentados en una acera de La California, con una cerveza en la mano, se pueden lanzar al aire cifras y datos sacados nadie sabe de dónde; pero, últimamente, no creo ser el único que haya visto a un grupo de borrachos de acera sostener un debate de mayor altura que los de muchas de nuestras instancias de toma de decisiones. El diputado Núñez, por ejemplo, agregó la siguiente joya a su colección: “Imagínense que a Puntarenas el porcentaje más grande que he recibido de un 100 % es un 2 % de alguna universidad famosa por ahí”. Además de lo incomprensible de sus palabras, queda en el misterio de dónde sacó esos porcentajes.

Según mi experiencia como filólogo, cuando alguien descuida en forma consciente las formalidades, con el argumento de que lo importante es el mensaje y su impacto, tarde o temprano descuidará también la validez de su mensaje; precisamente porque termina creyendo que todo es formalidad y por lo tanto descartable. El caso más típico es el descuido de “formalidades” como la estructura, la metodología y la indicación de fuentes, como si fueran majaderías que alguien puso allí solo para fastidiar, por esnobismo o pretensión academicista. Sin embargo, la frontera entre el mensaje y su formalidad es más difusa de lo que muchos pretenden. La metodología y la verificación de fuentes no son meros adornos del soporte escrito de un mensaje; son la validación de ese mensaje y, por lo tanto, deben ser parte indivisible de él. Además, la pulcritud y el cuidado de las formas hablan del empeño que ha puesto la persona en su trabajo, el aprecio que siente por este y el respeto que muestra hacia sus receptores.

Ciertamente, hay un sector del público que tampoco ve necesarias estas formas de validación y se limita a recibir y creer lo que diga el político, líder, gurú o charlatán de su preferencia. Es entonces cuando el anti-intelectualismo se da la mano con el populismo; pero, no debemos permitirlo. El público también debe ser educado y una manera de hacerlo es poner en evidencia a nuestras autoridades, rechazar toda aseveración y todo documento oficial que no cuente con las debidas formalidades de estructura, metodología y, por encima de todo, verificación de datos; exigir pruebas y fuentes de toda información que se difunda sobre los temas públicos, rechazar información no verificable de redes sociales y chats, difundir la excelente labor de los medios de verificación de noticias que han surgido precisamente para combatir la pandemia de las noticias falsas; y, en primerísimo lugar, exigir a nuestras autoridades que ejerzan su trabajo con el nivel profesional que se solicita de ellas.

Es inadmisible que, mientras un estudiante universitario debe referenciar todas sus fuentes para dar validez a un trabajo de investigación de semestre, en las altas instancias políticas se manejen documentos mal elaborados y se escupan afirmaciones carentes de fundamento. La mediocridad de las autoridades no solo es insultante para todo profesional que se precie; es peligrosa, como cualquier mala praxis. Y en el caso de nuestra Asamblea Legislativa, es cinco millones de veces peor, porque afecta a todo el país.

En algo doy la razón al diputado Núñez: el centralismo costarricense es brutal, el abandono del que ha sido objeto la periferia es histórico e innegable; la Gran Área Metropolitana es como la estrella de un equipo de fútbol que no deja brillar a los demás jugadores. Pero, esto no justifica lanzar en forma irresponsable afirmaciones que omiten y desacreditan el trabajo de instituciones que no solo han buscado precisamente la expansión a la periferia, sino que además pueden hacerlo, movidas más por intereses sociales que por meros fines de lucro. ¿Cuántas universidades privadas pueden abrir sedes en lugares periféricos donde la cantidad de estudiantes no sea rentable?

Es curioso que el diputado Núñez afirme que la situación no ha cambiado en cuarenta años, que es casi la edad de la UNED (cuarenta y tres). Tal vez a la UNED le ha faltado visibilizar más sus esfuerzos y a menudo ha sido víctima del menosprecio de sus pares; pero, eso no significa que los diputados de la república puedan actuar desinformados. No se vale tomar decisiones ni emitir criterios sin tener la información precisa y verificable. Ni se vale hacerse los majes.

Referencias