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Nos damos cuenta este lunes 24 de agosto por la denuncia del economista y presidente del PLP, Eli Feinzaig, que el gobierno llegó a un acuerdo con el sector arrocero para dar marcha atrás a la supuesta liberalización del precio del arroz, que había prometido hace unas pocas semanas a través de las ministras Pilar Garrido, de Mideplan, y Victoria Hernández, del MEIC. Un acuerdo precedido por otro bochornoso episodio del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, quien, en un programa de televisión nacional, utilizó el término “autista” de forma despectiva, para referirse a la reacción de la población ante los papelones de comunicación de esta administración.

Pues bien, mientras estábamos absortos con el ministro de los aprietos, el gobierno procedía con un acuerdo que no es cosa menor. En primer lugar, falta a la verdad y a su compromiso, puesto que, como parte de las recomendaciones de la OCDE para mejorar la competitividad de nuestro país, dos de las ministras anunciaban que, tras décadas de proteccionismo, este sector se iba a liberalizar, lo que traería como beneficio reducir el precio de un alimento base en la nutrición de los costarricenses. El gobierno faltó a su compromiso con los consumidores, que somos los 5 millones de personas de este país, para complacer a un grupo reducido de no más de 10 empresas que controlan el mercado y se benefician a lo grande de esta protección.

El gobierno también le falló a los más de 500 productores pequeños que siguen presos de una política que los mantiene secuestrados, atentos a las migajas que la élite agroindustrial pueda soltarles. Estos productores están necesitados de política pública real, de transferencia de conocimiento desde la academia, de menores costos de producción mediante insumos más baratos como el combustible o la electricidad y de política de desarrollo social que les permita salir definitivamente de la situación precaria en la que se encuentra la mayoría.

Por el contrario, a quienes no les han fallado, ni este gobierno ni los anteriores, es a los arroceros. Han sido ampliamente estudiadas las políticas para favorecer a este sector y demuestran que los beneficios se quedan, mayoritariamente, en manos de apenas un 4% de los productores que manejan hasta un 68% del mercado. Sin olvidar del privilegio que tiene los agremiados de Conarroz para importar sin aranceles arroz del extranjero más barato; beneficio que le dejó hasta 15 millones de dólares entre 2018 y 2020.

Por último, el gobierno, una vez más y como ha sido tendencia en las administraciones del PAC, ha fallado en la transparencia ante la ciudadanía al firmar un acuerdo a escondidas con Conarroz; ni la prensa o los diputados fueron avisados. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, pocas horas pasaron para conocer los opacos acuerdos del gobierno con otro de sus sectores chineados: los agroindustriales arroceros.