El Gobierno de Carlos Alvarado informó este jueves haber impuesto un veto al decreto legislativo que contiene el proyecto de ley 21.637, el cual exoneraba a varios servicios para el sector construcción del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El anuncio lo hicieron funcionarios del Ministerio de Hacienda durante la conferencia de prensa con el reporte epidemiológico por COVID-19, sin embargo, fue horas más tarde que la institución explicó al detalle el razonamiento detrás del veto.

De acuerdo con Hacienda, la redacción que aprobó la Asamblea Legislativa afectaba a más de 130 mil proyectos de construcción especialmente porque eliminó dos párrafos de un transitorio vigente de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), dejando sin regulación el tratamiento fiscal gradual de los proyectos que disfrutaron de exención del IVA durante el primer año de vigencia de la ley.

Lo anterior significaba que esos proyectos pasarían a tener que pagar una tarifa del 13%, con las consecuencias financieras que ello tendría para las empresas con proyectos en marcha y para los contratantes.

"La ley en cita excluye situaciones fácticas concretas, que, en las condiciones en que quedó previsto, podría tener graves consecuencias sociales, por su impacto en un sector tan sensible a variaciones macroeconómicas como lo es el de construcción, sin que los problemas visualizados en la normativa legal propuesta puedan ser subsanados posteriormente por normas de rango inferior, en virtud del principio de reserva de ley", dice el texto del veto.

Además, el Gobierno aplicó el veto porque la redacción aprobada por los diputados establecía que los proyectos registrados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, estarían exonerados del IVA durante ese plazo y empezarían a pagar el tributo al 4% hasta el 1 julio de 2021.

Dado que el proyecto recibió segundo debate hasta el 30 de julio, la exoneración aprobada lo estaba haciendo de forma retroactiva, a pesar de ser un impuesto ya pagado.

Debido a las falencias detectadas, el Gobierno presentó a la Asamblea un texto alternativo de modo que la exoneración del 100% rija a partir del día siguiente a la vigencia de la ley, y hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive; del 1 de setiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022 se pagaría un IVA del 4% y del 1 de setiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023 se pagaría el 8%.

A partir del 1 de setiembre de 2023 los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil pagarían un IVA del 13%.

La viceministra de Ingresos de Hacienda, Alejandra Hernández, enfatizó que “este veto tiene como único objetivo procurar una mayor estabilidad en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, de tal forma que logre una correcta aplicación del IVA en servicios suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todos los contribuyentes de este sector”.

El veto será leído al Plenario el próximo lunes. Luego el asunto será enviado a la Comisión que dictaminó el proyecto, la cual tendrá un plazo de un mes para rendir al Plenario un informe recomendando admitir las objeciones del Ejecutivo o, por el contrario, recomendado aplicar el resello mediante una nueva votación en la que al menos 38 diputados voten a favor.

Si la Comisión recomienda admitir las objeciones del Ejecutivo, el proyecto deberá someterse nuevamente a dos votaciones y el Presidente de la República no tendrá otra oportunidad de aplicar un veto.

Reacción

Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) afirmó que el veto pretende aclarar algunos aspectos que podrían prestarse a diferentes interpretaciones para procurar una mayor certeza jurídica en la aplicación de la norma.

"Siendo que por medio del veto se pretende clarificar el alcance de la reforma, se insta a los señores diputados de la Comisión de Infraestructura a emitir de forma ágil el dictamen sobre la propuesta presentada por el Gobierno, de manera que el texto modificado sea elevado al conocimiento del Plenario de manera célere para que pueda ser firmado por el Presidente, publicado y que entre en vigencia a la mayor brevedad posible", dijo Murillo en un comunicado.

De acuerdo con la Cámara, el cambio propuesto por el Ejecutivo no deja duda de que la exención por un año y la gradualidad en el pago del IVA cubre a todos los servicios de arquitectura, topografía, ingeniería y construcción de obra civil que se presten a todos los proyectos de construcción registrados y visados en el CFIA.

Resulta urgente la puesta en vigencia de esta reforma para generar un estímulo a la inversión, generar empleo e impulsar una mayor actividad en el sector construcción y en la economía nacional en general, lo que impactará de manera positiva en la reactivación que requiere el país ante la severa crisis económica que nos azota.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón Monge, reconoció que en el proyecto iba un periodo que implicaría una aplicación retroactiva de la ley, por lo que el veto en realidad fue consensuado entre el Ejecutivo, los diputados y el sector construcción.