Según informó Teletica.com la Fiscalía General abrió ésta semana una investigación de oficio contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, a raíz del viaje familiar que realizó el presidente el fin de semana pasado con su familia.
Tras varias publicaciones en redes sociales que mencionaban que el presidente se encontraba de vacaciones en Guanacaste, Casa Presidencial comunicó el domingo en horas de la noche que Alvarado Quesada tomó durante el pasado fin de semana un descanso con su burbuja en el cantón de Nandayure, Guanacaste. Según la información de Casa Presidencial el mandatario viajó del viernes 7 al lunes 10 de agosto, pero seguía en ejercicio de sus funciones durante el viaje y participó durante el sábado 8 de agosto de la sesión virtual del Comité Operativo de Emergencias (COE).
Varios medios de comunicación cuestionaron el día de ayer si alguien había pagado el viaje del presidente y pidieron a Casa Presidencial confirmar si se había desplazado en helicóptero, por lo que Casa Presidencial envió un comunicado en horas de la noche, en el que aseguraba que todo el costo del viaje había sido pagado por el mandatario. Se confirmó además que tanto el viaje de ida como el de vuelta se realizaron en helicóptero. Casa Presidencial remitió también las facturas por el hospedaje, y la alimentación (con fecha del 9 de agosto a las 10:42 pm) del presidente y su familia, así como un correo del ministro Garnier (del día de ayer a las 7 p.m) donde le solicita al presidente el pago por la mitad del costo del viaje en helicóptero del día viernes 7 de agosto.
Dato D+: El costo de la habitación fue de $690,00 en total por las tres noches, de viernes a domingo, los costos de alimentación ascendieron a $497,20, el viaje de ida tuvo un costo de $930 y el de regreso de $1627.20, para un monto total de $3.744.
Según confirmó el Ministerio Público a La Nación la investigación se abrió para “determinar si hubo o no alguna conducta delictiva”, pero omitieron referirse al caso al encontrarse el proceso en etapa de investigación.
Dato D+: El artículo 353, del Código Penal establece una pena de prisión de de seis meses a dos años, al funcionario público que sin incurrir en un delito más severamente penado admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.
Ante el anuncio de la apertura de la investigación, el presidente Alvarado emitió un comunicado vía redes sociales en el que aseguró que "no existe delito que investigar" y calificó como un “claro exceso” la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía. Alvarado añadió que, debido a la judicialización del caso, no emitirá ningún comentario adicional sobre el tema y que serán sus abogados personales quienes manejen cualquier consulta sobre este caso.
