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En sesión ordinaria de Corte Plena, No. 36-92, de 13:30 horas de 20 de julio de 1992 se acordó la integración de una Comisión de Rescate y Formación de Valores del Poder Judicial, llamada luego Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial.  El escueto acuerdo de su creación sólo menciona que se trató de un compromiso asumido por el Poder Judicial con la Comisión Nacional de Rescate de Valores Morales, Cívicos y Religiosos.  En su primigenia integración se acordó que estaría un magistrado, dos jueces superiores, el Director Administrativo, un miembro del Tribunal de la Inspección Judicial, un actuario del Juzgado III de Instrucción, un representante del Ministerio Público, una persona del Departamento de Información y Relaciones Públicas, un representante de la ANEJUD y el Lic. Hernán Vega Miranda de la Comisión Nacional de Rescate de Valores.

Por otra parte, en sesión ordinaria de Corte Plena, a propuesta del entonces presidente, Mag. Luis Paulino Mora M. se acordó la creación de una comisión que tendría como objetivo elaborar un plan anticorrupción para el Poder Judicial, la que estaría integrada por el“Vicepresidente, Magistrado Chaves, quien será a la vez el Coordinador; un Magistrado o Magistrada en representación de las Salas Primera, Segunda y Constitucional, el Fiscal General de la República, el Jefe del Organismo de Investigación Judicial, el Presidente de la Inspección Judicial, el Jefe de la Auditoría Judicial, un representante de las Asociaciones gremiales del Poder Judicial, un representante de las Asociaciones que involucren jueces, la señora Contralora de Servicios, un miembro de la sociedad civil y un representante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados”.  Los objetivos de esta segunda comisión se definieron así:

“a) Sistematizar los factores de visibilidad de la gestión judicial, de funcionamiento interno; de rendición de cuentas y de promoción de la participación ciudadana en el Poder Judicial de Costa Rica.

b) Abrir un diálogo informado con las autoridades judiciales con base en los resultados a partir del cual se tomen mejores decisiones, se fortalezcan áreas estratégicas de gestión, se construyan nuevas políticas públicas y se detecten debilidades o potenciales riesgos de corrupción (indicadores de riesgo).

c) Elaborar un plan de acción que se convierta en el Plan Nacional de Transparencia Institucional para ser propuesto a Corte Plena.”

A su vez, entre los fundamentos dados por el proponente de la comisión, se señaló:

“De acuerdo al desarrollo que se ha hecho del tema en la doctrina, los poderes judiciales están relacionados con la corrupción, en cuanto son la institución clave en la persecución y control de la corrupción, por lo tanto deben tener la capacidad de realizar un control adecuado e independiente de los funcionarios públicos, así como de los actores privados, para evitar que la corrupción crezca. En vista de que todo el peso moral de la eficacia de la ley (de la no impunidad) recae sobre sus espaldas, no tendrá autoridad moral frente a la población para juzgar y sancionar hechos corruptos si tiene una política que sea percibida como “blanda” o de doble discurso frente a sus propios funcionarios.”

Desconozco en qué momento esta segunda comisión se hizo de carácter permanente, porque solicitada la información a la Secretaría General de la Corte sobre estas dos comisiones, fue esta la única información brindada. En todo caso, es tan poco extraño que en el Poder Judicial todo se eternice que el tema resulta baladí.

En sesión de Corte Plena de No. 30-2016 de 3 de octubre de 2016 fue designado como coordinador de la Comisión de Ética y Valores del Poder Judicial, el magistrado Luis Porfirio Sánchez.

En sesión de Corte Plena del pasado 3 de agosto, la magistrada Patricia Solano solicitó que se le permitiera designar en esa Comisión de Transparencia y Anticorrupción a Porfirio Sánchez, argumentando que los “temas que se abordan en esta comisión son de suma importancia... al estar directamente relacionado con el tema de la ética, tienen abordajes diferentes pero siempre convergen... y por ser temas afines... siendo que es la persona que ha liderado la comisión de ética y valores...”  La propuesta se aprobó sin mayor comentario, salvo el sorprendente comentario de la magistrada Hernández López, quien después de haber defendido el oprobioso nombramiento de la magistrada Solano como sucesora de Jesús Ramírez Q. en la presidencia de la Sala III, viene de mal en peor y afirmó lo siguiente:

“A mí me parece que las materias de ética y valores y transparencia van de la mano y celebro esa iniciativa, no sólo por eso sino por las condiciones del Magistrado Luis Porfirio Sánchez y la experiencia que tiene en la lucha contra la corrupción de la cual todavía tiene secuelas por casos que le correspondió instruir en la inspección judicial.  A mí me parece que es el complemento perfecto para la comisión” (la negrita me pertenece)

En un artículo anterior, refiriéndome a los vínculos judiciales del Poder Judicial con el caso del Cementazo, luego de referirme a los magistrados Celso Gamboa, Carlos Chinchilla, Luis Fernando Salazar, Doris Arias y Jesús Ramírez, me referí a oscuros credenciales que se le han atribuido a este nuevo “experimentado en la lucha contra la corrupción”:

“Además del vínculo directo de estos magistrados con el caso del cementazo, hay otros magistrados que aún con un currículum judicial cuestionado, han contado con importante apoyo político para llegar a ese cargo.  Tenemos a Luis Porfirio Sánchez.  Es, a mi juicio, el nuevo Jesús Ramírez de la Corte.  Grandes vínculos políticos y grandes cuestionamientos.  Absolvió en primera instancia al diputado arista Federico Tinoco, dentro de un proceso por acoso laboral, cuando aquél era diputado, sentencia que por cierto le fue revocada por su superior jerárquico.  Fue acusado por prevaricato, causa en la que figuró como abogado el Lic. José Pablo Badilla, cuñado de Héctor Blanco, excluido posteriormente de la lista de candidatos a suplentes de la Sala II.  En la absolutoria de esta causa penal participó directamente el mismísimo Celso Gamboa, a quien reconoció luego como su amigo, llegando incluso a excusarse de conocer en Corte Plena procesos contra Gamboa.  A su fiesta de elección fueron los magistrados Carlos Chinchilla, Luis Fernando Salazar (también ex-juez laboral) y al menos 5 diputados del PLN (entre ellos Aracelly Segura que incluso utilizó un carro oficial para asistir), 2 del PUSC, 1 del movimiento libertario y 1 del partido Accesibilidad sin Exclusión”.

En tiempos de COVID-19 la pandemia cortesana de burlarse de los más elementales principios de transparencia y ejemplo de ética no se detiene.  Por el contrario, sólo crece.

Quienes pasan por el tamiz de una inepta y cuestionada Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y luego resultan electos magistrados sufren una especie de exorcismo judicial y terminan convertidos en “experimentados en la lucha contra la corrupción”.  El magistrado Luis Porfirio Sánchez puede dar fe de ello.