Por Derek Fabián Medina Víquez - Estudiante de la carrera de Derecho
Los Derechos Humanos en la actualidad representan un gran baluarte y sustento, sobre ellos se fundamenta la apropiada coexistencia de la sociedad y todas las relaciones interpersonales que puedan suscitar a partir de ella. Por ello, es de suma importancia su mención y su proceso de concientización entre las nuevas generaciones, esto con el fin de preservar su continuidad y validez dentro de las bases normativas y la mayoría de constituciones y regímenes que resguardan la sana convivencia actualmente.
Si se logra dar un vistazo a la reciente historia y lucha por el advenimiento de los Derechos Humanos como se conocen hoy en día, se tiene que esta se remonta a la creación de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos(DUDH). Dichos documentos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en los años de 1945 y 1948 respectivamente, marcando así un gran hito para la historia de la humanidad tras un contexto histórico post Segunda Guerra Mundial. (Naciones Unidas, 2015).
Seguidamente, es importante destacar uno de estos derechos fundamentales, concerniente a la intimidad y privacidad de las personas, el cual se encuentra estipulado en el artículo #12 de la DUDH de la siguiente manera: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. (DUDH, 2015, art. 12).
El punto anterior deja en evidencia uno de los aspectos fundamentales dentro de la convivencia humana: el derecho a la intimidad y la privacidad de cada persona. Y, si se traslada este derecho al contexto moderno —en donde el avance tecnológico de la internet y el manejo de los datos personales han crecido exponencialmente—, resulta ser una ardua tarea debido a la gran cantidad de información, publicidad, organismos, instituciones, y demás, que hacen solitud de los datos de las personas para su buen funcionamiento y gestión.
En el mismo orden de ideas, en el marco jurídico costarricense, se cuenta con la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales N°8968, la cual fue publicada el 5 de noviembre de 2011, junto al Decreto Ejecutivo N° 37554 que incorpora el reglamento a dicha ley. Esta detenta la tarea de proteger toda aquella información contemplada dentro de los datos personales y sensibles de la población costarricense, así como también la de garantizar algunos derechos como el de la autodeterminación informativa, el de rectificación y supresión de los datos cuando no exista consentimiento alguno.
Finalmente, cabe destacar que el abordaje y temática contemplada dentro de la ley es sumamente completa y robusta para la debida protección de los derechos, ya mencionados, de la ciudadanía. Sin embargo, como parte de las recomendaciones ante la problemática expuesta, son igualmente importantes el apego, el respeto y el conocimiento en relación con las diversas normas existentes y entidades especializadas en la materia, así como también algunas buenas prácticas como el deber de probidad, los valores institucionales, la ética, entre otros que permiten que se dé el manejo correcto y transparente de la información.
