La Comisión Especial Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), reveló este miércoles que el director ejecutivo del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) trasladó datos sensibles de ese sistema a un asesor del presidente de la República, sin que se hubiera firmado un convenio o acuerdo de confidencialidad previamente.

Tras una serie de preguntas hechas en la audiencia de dicha comisión este miércoles, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández Sánchez logró evidenciar que Erikson Álvarez Calonge, director ejecutivo de Sinirube, remitió en diciembre de 2018 al asesor presidencial Santiago Álvarez Ovares un oficio en el que le informaba su visto bueno a una solicitud del mes previo para acceder a datos sensibles de la base de datos del Sistema.

Esos datos incluían la identificación del hogar, nombre del jefe, padre, madre o encargado; número de cédula, teléfono, residencia, relaciones de parentesto, sexo, estado civil, nacionalidad, nivel educativo, edad y el detalle de si recibía o no ayudas sociales, cuáles, las fechas, fuentes de financiamiento y el monto de la ayuda.

En el oficio, Álvarez Calonge le indicaba al asesor presidencial que por ser información sensible debía ser resguardada "con la mayor discreción", en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, luego que la diputada Hernández solicitara el nombre de los funcionarios de la Presidencia que tenían convenios de confidencialidad para acceder a datos sensibles, el director de Sinirube enlistó todos excepto uno: Santiago Álvarez Ovares.

Álvarez Calonge afirmó que la Ley del Sinirube facultaba a que la data allí almacenada sea trasladada a otras instituciones, previo la firma de un convenio que debía ser aprobado por el Consejo Rector de Sinirube. La diputada Hernández también le consultó si era posible que un tercero accediera a ese dato, sin la previa firma de un convenio o acuerdo de confidencialidad, y la respuesta del funcionario fue que eso no era posible.

Ante ello, la congresista le preguntó si Santiago Álvarez Ovares no tenía un acuerdo de confidencialidad firmado. La respuesta fue negativa y el director del Sinirube afirmó que esa persona no tenía acceso a las bases de datos de Sinirube.

Hernández citó el oficio que él le envió al asesor presidencial a finales de 2018 (antes de que se firmara el convenio Sinirube-Presidencia mientras Rodolfo Piza era ministro de la Presidencia) y de seguido le preguntó que con cuál base legal entregó el acceso a esa información sensible.

El director de Sinirube, por recomendación de su abogado presente en la audiencia, se abstuvo de responder a la pregunta por considerar que podría incriminarlo en un proceso penal. La Comisión admitió la excusa.

"No sabemos cuándo terminará el trabajo de esta Comisión, pero lo expuesto aquí es gravísimo y no se puede esperar hasta dentro de varios meses. Don Erikson Álvarez como jerarca del Sinirube le trasladó datos sensibles personales al asesor presidencial Santiago Álvarez sin autorización legal. Eso para mi es una posible violación del artículo 196 Bis del Código Penal", afirmó la diputada Hernández, presidenta de la comisión investigadora.

Por esa razón, la Congresista anunció que hoy mismo estaría haciendo llegar una denuncia a la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, contra Santiago Álvarez Ovares y Erikson Álvarez Colange por el traslado de información y violación de datos sensibles personales sin autorización legal para ello.

La diputada Ana Lucía Delgado, también del PLN, logró que el director de Sinirube reconociera que el Consejo Rector del sistema le había remitido la solicitud formulada por el asesor presidencial, y que ante ello él concedió el acceso a la información sensible, por considerar que ese traslado hacia su persona era un "ejecútese".

Sin embargo, Delgado citó que el acta de la sesión del Consejo del Sinirube señalaba que solamente se acordó trasladar la solicitud de Santiago Álvarez al director ejecutivo del sistema, no que se le concediera el acceso a la información solicitada. Álvarez Calonge afirmó que lo que recibió fue una orden, pero posteriormente declinó responder más preguntas sobre el tema, acogiéndose a su derecho de abstención.

La diputada liberacionista también evidenció que Álvarez Calonge no solo le dio acceso a la información sensible de Sinirube al asesor presidencial, sino que también hizo lo mismo con los datos de los beneficiarios del Fondo Nacional de Becas (Fonabe). Aunque el director de Sinirube se abstuvo de reconocerlo, la diputada aportó el oficio que prueba que así lo hizo.