Jerarcas del Poder Ejecutivo y magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunieron el día de hoy en Casa Presidencial a solicitud de un acuerdo de la Corte Plena con el fin de exponerle al presidente, Carlos Alvarado Quesada, el impacto directo que tienen los recientes recortes presupuestarios en los servicios de administración de justicia, así como las futuras obligaciones de gasto que tiene el Poder Judicial por la aprobación de leyes sin contenido presupuestario.

El presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, indicó que en el marco del encuentro se expuso la preocupación que a lo interno existe en el Poder Judicial por la gravedad de la crisis económica y la afectación que los recortes presupuestarios tienen en la administración de justicia: “Hemos ajustado nuestro presupuesto a las directrices del Ministerio de Hacienda y al cumplimiento de la regla fiscal, por lo que los recortes adicionales ponen en peligro la efectividad del servicio”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, puntualizó que existe una apertura de parte del presidente Alvarado y su ministro de Hacienda en abrir los espacios de diálogo con el Poder Judicial, y agregó que en la reunión se hizo ver que una reducción mayor tendría como consecuencia paralizar servicios esenciales de justicia.

Según informaron desde la Corte, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2021, remitido en el mes de junio de este año al Ministerio de Hacienda, se formuló con una disminución de ¢3.884 millones en relación con el presupuesto aprobado para el 2020, lo que implica un decrecimiento de un 0.8% pero tras la petición de rebajo del Ministerio de Hacienda, el recorte total para el presupuesto del próximo año fue cercano a los ¢12.799 millones

Dato D+: En la sesión de Corte Plena del 3 de agosto las y los magistrados acordaron recortes para el presupuesto del 2021 por varias partidas que incluyen rebajas en recurso humano (₡4.830.567.129), construcciones (₡1.479.335.840), vehículos (₡1.113.691.135), informática (₡1.072.365.099), capacitación (₡273.598.349) y otros gastos de operación (₡148.000.000)

Desde la Corte recordaron que las sumas cedidas a las autoridades hacendarias no son sobrantes de partidas presupuestarias, sino que obedecen a la postergación de proyectos y obligaciones a las que la institución debe hacerle frente en el futuro.

La propuesta de presupuesto para el 2021 registra una disminución de un 2,7%, que es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la pandemia mundial.

Desde el Poder Judicial aseguraron que para el próximo año no se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida.  De igual manera, el presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales. En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo en aquellas localidades donde se debe cumplir con órdenes sanitarias; además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios.

Dato D+: El Poder Judicial aprobó un traslado de ₡1.700 millones al Ministerio de Hacienda de su presupuesto 2020 para la atención de la crisis por COVID-19.

Adicionalmente, desde el Poder Judicial recordaron que, para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por la Asamblea Legislativa que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.

Según detalló el Poder Judicial en un comunicado de prensa, las obligaciones adicionales que requerirán recursos ascienden a un costo de ₡27.600 millones, que se dividen en las obligaciones creadas por la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (₡19.155 millones), el Código Procesal de Familia (₡1.488 millones), el nuevo Código Procesal Agrario (₡105 millones), la creación y reforzamiento de las oficinas anticorrupción (₡1.981 millones), la Ley de Justicia Restaurativa (₡1.922 millones) y la atención y acceso a la justicia de personas acreedoras alimentarias (₡1.628 millones). Para atender estas obligaciones, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda una propuesta aparte al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación.

Por parte de Casa Presidencial solo se informó que los temas tratados giraron en torno a los mecanismos de coordinación directos con el Ejecutivo, así como la atención a las coordinaciones para expropiaciones, recursos para el combate a la corrupción y una constante conversación sobre la situación fiscal.

El ministro de Hacienda externó su reconocimiento al recorte presupuestarios realizado por el Poder Judicial en beneficio de las finanzas públicas, a la vez que afirmó que el traslado de fondos para el combate a la corrupción será incluido en el próximo presupuesto extraordinario.

En la reunión participaron por el Poder Judicial, además del presidente y vicepresidenta, los magistrados Luis Guillermo Rivas Loáiciga, presidente de la Sala Primera y Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Sala Segunda, así como la directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez y la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Romero Jenkins.

Por parte del Poder Ejecutivo estuvieron presentes, además del presidente Alvarado, los ministros de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, Hacienda, Ellian Villegas Valverde; Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata y la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido Gonzalo.