La gerencia general de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) notificó este martes la imposición de una medida cautelar mediante la cual se suspende por cuatro meses a los funcionarios encargados de la compra de las polémicas mascarillas que gestionó la institución con la empresa MR Comunicaciones Políticas.
Los funcionarios suspendidos mientras el proceso de investigación avanza, son Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de logística de la CCSS; Hans Vindas Céspedes, asesor de la gerencia logística y un tercer funcionario que aún no ha sido notificado.
La resolución administrativa GG-2355-2020 fue notificada este martes y según la institución, "busca garantizar la transparencia en el proceso de investigación que se realiza por la contratación de mascarillas médicas descartables efectuada mediante la contratación directa 2020-CD-00093-5101".
Según agregó el Gerente General de la Caja, Roberto Cervantes Barrantes:
Todo esto lo hacemos en aras de la transparencia y de que se pueda llegar a la verdad real de los hechos. Los funcionarios serán suspendidos de sus labores habituales durante cuatro meses pero se les conservan todas las garantías laborales, es decir es una suspensión con goce de salario".
Cervantes agregó que hoy se estará tramitando el inicio de un procedimiento administrativo ante el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la CCSS y que además, la gerencia llevará esta tarde una propuesta a la Junta Directiva de la institución para el nombramiento de un sustituto temporal en esta gerencia.
La investigación responde a una denuncia publicada semanas atrás por el diario La Nación, sobre irregularidades en la adjudicación de dos contratos de compras de mascarillas por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Según detalla la publicación, la Caja había realizado la adjudicación de dos compras urgentes de 12 millones de mascarillas quirúrgicas a David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años (por un monto de $2.1 millones por 7 millones de mascarillas) y a la empresa MR Comunicaciones Políticas, de la periodista Miren Martínez Ruiz (por un monto de $1.9 millones por 5 millones de mascarillas).
Sin embargo, tras haber transcurrido dos meses de la adjudicación, en el primer caso el proveedor solo había entregado 2,1 millones de mascarillas de las 7 millones adjudicadas, mientras que la empresa MR Comunicaciones Políticas no había entregado uno solo de los implementos solicitados, lo que generó la apertura del proceso de investigación interna.
