Santiago Álvarez Ovares, asesor del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, sostuvo este miércoles en la Comisión Especial Investigadora sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que él nunca solicitó datos sensibles de los habitantes al director ejecutivo del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), Erikson Álvarez Calonge.
Álvarez compareció este miércoles al foro legislativo, luego que la semana pasada las diputadas del Partido Liberación Nacional revelaran que el director de Sinirube trasladó datos supuestamente sensibles que fueron solicitados por Álvarez Ovares.
El asesor presidencial se abstuvo de responder las preguntas de los diputados y se limitó a dar un mensaje inicial en el que señaló que nunca formó parte de la Unidad de Análisis de Datos de Casa Presidencial y que su labor administrativa en el Despacho de la Presidencia de la República es "eminentemente técnica y consiste en dar seguimiento a los proyectos e iniciativas sociales del Gobierno, con el único objetivo de buscar el bien común".
La información solicitada en el marco de mis labores responde exclusivamente a objetivos de interés público y en ningún caso se trata de información sensible, sino de información pública o despersonalizada.
El asesor afirmó que en uno de los casos el objetivo era generar estrategias de empleabilidad para beneficiar a poblaciones vulnerables con apoyos en capacitación y educación que reduzcan la pobreza.
Ese era el objetivo público y así se consignó: “Los datos solicitados se requieren despersonalizados, es decir, no se requiere conocer el nombre, cédula, dirección, correo electrónico ni teléfonos de las personas”.
Álvarez Ovares también dijo que en el otro oficio el objetivo era impulsar el proceso de la bancarización de la población amparada a los programas sociales del Estado, y la información solicitada era de carácter público: "Así que quiero dejar muy claro que en ningún momento se solicitó información sensible y que el objetivo de interés público estaba bien definido", agregó.
El asesor alegó que se abstendría de responder las preguntas que le fueron formuladas, pues fueron los propios diputados miembros de la Comisión Investigadora de la UPAD quienes el 10 de agosto formalizaron una denuncia en su contra.
El caso fue llevado a instancias judiciales, sin tener la oportunidad de que ustedes escucharan con antelación mi versión de los hechos. Es por esta razón que me acogeré a mi derecho consagrado en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 36 de la Constitución Política, 112 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 86, 92 y 295 del Código Procesal Penal, de abstenerme de responder cualquier tipo de pregunta que se realice en este espacio.
