El Gobierno de la República anuncio el inicio del modelo de gestión compartida —denominado Costa Rica trabaja y se cuida— que procura involucrar a las municipalidades para complementar y fortalecer los esfuerzos entre la empresa privada, el comercio y la gestión comunitaria, a fin de reactivar la economía aplicando a la vez medidas para prevenir el contagio por COVID-19.

Según señalaron las autoridades este modelo es una estrategia complementaria que busca un balance entre la actividad productiva y las medidas sanitarias con la definición de ejes de coordinación que surgieron de varias sesiones de trabajo, y que ha sido fortalecida con prácticas impulsadas por algunas municipalidades del país.

Según dieron a conocer las autoridades del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Economía y Comercio (Meic) y la Comisión Nacional de Emergencias, en la primera fase, cada Comité Municipal de Emergencias (CME) evaluará el grado de implementación de acciones preventivas y fortalecerá aquellas tareas que se encuentran débiles. El plan de acción tendrá una revisión quincenal para analizar los procesos y reforzar los ejes de acción en el territorio.

Sigifredo Pérez Fernández, jefe de operaciones de la CNE, enfatizó que el modelo promueve el reforzamiento de las medidas actuales con la integración de más actores en el ámbito regional, cantonal, distrital y comunitario, al mismo tiempo que estimula una fuerte organización cantonal para comunicar, controlar y supervisar la aplicación estricta de medidas sanitarias que permita una mayor apertura económica. Pérez destacó que en caso de no cumplirse dichos protocolos será necesario aplicar medidas más fuertes para prevenir la transmisión del virus en cada cantón.

Por su parte la Jerarca del IFAM, Marcela Guerrero Campos, señaló que, de forma decidida y solidaria, se plantea que la iniciativa refuerce el liderazgo de los noventa gobiernos locales, a la vez que se afiance un intercambio intermunicipal de buenas prácticas para la implementación del plan de gestión de riesgo que garantiza la efectividad y puesta en marcha del modelo. En ese sentido, se incentivarán las alianzas entre estructuras de base comunal y los habitantes del territorio nacional.

Dato D+: Los 90 gobiernos locales incluyen a las 82 municipalidades y los ocho Concejos Municipales de Distrito que tiene le país.

Según señalaron las autoridades el trabajo articulado entre las instituciones que integran el Comité Municipal de Emergencia bajo la coordinación del alcalde o alcaldesa permitirá la implementación del modelo de gestión compartida por medio de varios ejes de acción, que incluyen:

  • Reforzar las acciones y protocolos desarrollados por el Ministerio de Salud para identificar y contener los grupos de riesgo, previniendo así, un aumento en el contagio por COVID-19.
  • La labor de asistencia humanitaria en personas positivas por COVID-19 o bien que tengan una orden sanitaria. La colaboración a esta población se realizará mediante un proceso articulado con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
  • Realizar el debido control y la fiscalización de las actividades productivas bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Para cumplir con estos ejes las autoridades señalaron que la propuesta se apoya en el desarrollo de una estrategia de comunicación, que permite llevar el mensaje preventivo a toda la población y que se trabaja a través de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) por medio de las 3500 asociaciones de desarrollo que se incorporarán a los Comités Municipales de Emergencias, para contar con agentes multiplicadores del mensaje preventivo y reforzar así el tema de la responsabilidad individual.

Adicionalmente, en las mesas de los CME estarán incorporadas las áreas rectoras como lo son la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) y el Ministerio de Salud para el abordaje de las medidas y el manejo de la información que se genera en los territorios.

El plan de acción será evaluado mediante una revisión quincenal para analizar los procesos y reforzar los ejes de acción en el territorio, con el fin de ver el impacto en la reducción de la transmisión de casos, así como el cumplimiento de la responsabilidad de los diferentes sectores involucrados.