El pasado 15 de mayo Costa Rica se despertó con una buena noticia llegada desde París. Esa madrugada, en sesión del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se acordó invitar a Costa Rica a incorporarse como miembro 38 de la organización tras la satisfactoria conclusión de las 22 evaluaciones técnicas de adhesión. No obstante, para concretar la incorporación final del país a la OCDE la Asamblea Legislativa debe cumplir con su mandato constitucional de ratificar el Protocolo de Adhesión firmado por el presidente Carlos Alvarado.
La incorporación de Costa Rica a la OCDE representa un compromiso de gran magnitud para el país que marcará un antes y un después para el Estado costarricense. El primer acercamiento comenzó al final de la década pasada con algunos trabajos iniciales en áreas como educación —con el inicio de la participación en las pruebas PISA—, competencia y transparencia fiscal. Adicionalmente, en la Administración Arias Sánchez, el país fue invitado a integrarse como miembro del Centro de Desarrollo que es una plataforma de la organización para que países en desarrollo puedan compartir sus experiencias de políticas de desarrollo económico y social y también inició su participación en foros relacionados con temas de inversión y cadenas globales de valor, lo cual resultó fundamental para empezar a consolidar una trayectoria en la organización.
Aunado a estos esfuerzos, en el 2012 la presidenta Laura Chinchilla comunicó formalmente a la OCDE el interés de Costa Rica de convertirse en miembro de la organización. De esta forma como muestra del compromiso de su gobierno para mejorar las condiciones de vida de los costarricenses, se inicia un amplio proceso de reformas de políticas públicas en una gran diversidad de temas como: lucha contra la corrupción, mejora regulatoria, competencia, eficiencia de las empresas del Estado, mejor administración de nuestras pesquerías, digitalización, gobernanza pública, transparencia fiscal, comercio, e inversión, entre otras.
Estas acciones fueron desplegadas por toda la administración pública y en particular por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para lograr posicionarnos como un socio natural y responsable de la Organización. Dichos esfuerzos dieron sus frutos cuando en el 2013 los miembros de la Organización, por consenso, decidieron trabajar con Costa Rica para prepararla para una futura membresía. Se elaboró un plan de acción que comprendía tres pilares: la participación en comités y grupos de trabajo técnicos, la adhesión a instrumentos clave de la organización y la realización de exámenes de políticas públicas en varias áreas como gobernanza pública del cual tuve el honor y responsabilidad de trabajar en mi condición de viceministra de Planificación Nacional.
Estos procesos fueron continuados, aunque con menor entusiasmo, por la Administración Solís Rivera y en el 2015 se obtuvo la invitación formal a iniciar el proceso de adhesión gracias, en gran medida, al liderazgo y la excelencia y rigor técnico de Comex en calidad de coordinador nacional y representante ante la OCDE. Ello estuvo acompañado, igualmente, del esfuerzo de muchos destacados y dedicados funcionarios y expertos técnicos de los demás ministerios e instituciones del Estado representándonos en los diversos comités y grupos de trabajo sustantivos.
Durante la presente legislatura, y en gran medida gracias al trabajo desempeñado por la Comisión legislativa OCDE, de la cual me ha honrado ser parte, se logró aprobar un importante número de leyes requeridas para obtener el aval de los diferentes comités de acceso. Entre las más notorias: la Ley de Fortalecimiento de la Autoridad de Competencia (Coprocom), la Ley de Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional, la ley que establece un seguro de depósito bancario para todas las entidades financieras indistintamente de su carácter público o privado, la Ley del Soborno Transnacional, entre otras. Este espíritu reformista es la razón de convertirnos en miembros de la organización y de procurar siempre una mejora de nuestra gobernanza pública, de nuestro afán integracionista a la economía global y de nuestro compromiso al multilateralismo como el curso que debemos tomar para atender los problemas que como comunidad internacional padecemos.
Nuestra incorporación a la OCDE permitirá al país poder beneficiarse de las discusiones sobre recuperación y reactivación económica tras la pandemia. Además, contribuirá a las negociaciones que el Gobierno se enrumba a entablar con el Fondo Monetario Internacional enviando un mensaje claro sobre la continuidad de la senda reformista que el país decidió emprender. Asimismo, envía un mensaje inequívoco a los inversionistas extranjeros sobre el tipo de Costa Rica que deseamos ser, mostrando confianza y seriedad. Particularmente en momentos tan críticos como los que vivimos y en los que necesitamos mayor inversión extranjera para generar más y mejores empleos.
No obstante, cuatro meses han transcurrido desde que Costa Rica recibió la invitación y el Protocolo de Adhesión sigue reposando en el escritorio del presidente Alvarado. Muchas voces han apelado al Poder Ejecutivo para que se permita avanzar y concluir de manera definitiva el proceso de incorporación de Costa Rica, cuyo último obstáculo radica en la ratificación parlamentaria. Entre estas voces se encuentran las de casi todas las fracciones de oposición, sector empresarial y otras organizaciones de la sociedad civil. Con el silencio de estos meses, el mensaje enviado por el Gobierno a los respetables miembros de la organización, la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros es de sorpresa y confusión.
Tras su renuncia como ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso ante la OCDE, Dyalá Jiménez Figueres expresó su preocupación por la intención de trasladar la responsabilidad y representación de nuestro país ante la OCDE a manos de la Cancillería. La razón de la propuesta del Gobierno tiene un claro propósito: rebajar la intensidad reformista del país al mismo tiempo que se debilita a una institución como COMEX, que con gran esmero y dedicación logró gestionar exitosamente nuestro proceso ante la OCDE. Para nadie es un secreto que el Ministerio de Comercio Exterior nunca ha generado confianza en el Partido Acción Ciudadana y es visto hoy con recelo desde Zapote. Lo vivimos en tiempos del TLC y la historia parece repetirse hoy día con nuestro proceso de incorporación a la OCDE.
Como costarricense y parlamentaria deseo que Costa Rica posea una política exterior y una Cancilleria robusta. Pero esta tarea no debe reposar en dicha cartera en vista del carácter técnico, la naturaleza económica y la agenda de la OCDE. Es por ello que la coordinación nacional y la representación ante la organización debe permanecer en manos de Comex. Han demostrado rigor técnico y desarrollado un expertise a lo largo de muchos años. Hacer lo contrario sería improvisar en momentos que debemos mostrarnos como un socio serio y confiable, y sería comprometer la eficiencia y buen uso de los recursos de los contribuyentes.
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