El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este jueves 32 allanamientos en los que fueron detenidos, hasta ahora, 27 individuos sospechosos de participar en actividades delictivas relacionadas con minería ilegal, delitos contra el ambiente y legitimación de capitales.
Según explicó el Ministerio Público, la hipótesis construída junto con la policía judicial señala que coligalleros nacionales y foráneos extrajeron oro de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado; mineros locales del sector de Guanacaste lo procesaron y lo convirtieron en lingotes; y luego lo exportaron a Estados Unidos o lo trasladaron clandestinamente a Nicaragua.
Por la investigación iniciada en el año 2019 hoy se allanaron fincas, casas, oficinas de empresas y lugares de extracción y procesamiento de material minero ubicados en Heredia (San Isidro, Santo Domingo y Guararí), Montelimar de Goicoechea, San Pedro de Montes de Oca, Escazú, San Sebastián, Barrio Escalante, Pocosol, Coopevega, San Ramón, Abangares y Puerto Jiménez.
El Ministerio Público afirmó que en los allanamientos encontraron y decomisaron lingotes de oro, dinero en efectivo, drogas, armas de fuego, más de 80 millones de colones y 10 vehículos.
Este grupo criminal, que hasta incluye a funcionarios públicos, habría lavado 2 mil millones de colones por las actividades ilícitas entre 2018 y 2020. Esa cifra fue fijada a partir de los valores consignados en los documentos aduaneros de exportación, a lo cual habría que sumar el precio final cancelado por los compradores en el país destino.
Modos de operar
Según explicó la Fiscalía, la organización criminal se repartía funciones que iban desde la administración de fincas en Crucitas, la obtención del material sustraído en forma de sedimentos o procesado, su venta, almacenamiento del oro en casas y testaferros; y encargados de hacer informes contables y financieros producto de la adquisición y venta del oro obtenido.
Otros integrantes se encargaban de financiar las compras de ese material a cambio de algún beneficio patrimonial y brindaban pruebas falsas de ventas de ganado, para que otros imputados pudieran justificar en los bancos las cantidades de dinero que recibían producto del lavado.
La Fiscalía también afirmó que a otros de los detenidos se les atribuye el procesamiento del oro y exportación para empresas ligadas a esta organización criminal, las cuales sacaban del país el material en lingotes por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
"La exportación se hacía bajo la falsa justificación de que era oro chatarra. Debido al cierre de fronteras y del aeropuerto Juan Santamaría, como medidas para mitigar la pandemia, el grupo modificó su actuar, teniendo que utilizar distintas empresas dedicadas al transporte de mercancía al exterior, para asegurar la continuidad de la exportación del oro y las actividades de legitimación de capitales", afirmó el Ministerio Público.
Según las pesquisas, miembros del grupo asesoraban en materia financiera y contable a los encargados de estos roles y hasta se registró a uno de ellos en una sociedad que indicó, de manera falsa, dedicarse a la venta de oro chatarra. También se descubrió la emisión de facturas falsas para darle apariencia lícita al lavado de dinero que realizaba el grupo criminal.
La Fiscalía afirmó que dentro de los investigados está un funcionario público de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al cual se le encargó el asesoramiento a otros miembros de la organización, para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades de Hacienda. Sin embargo, horas más tarde el Ministerio de Hacienda afirmó que el funcionario trabajaba en el Dirección de Fiscalización.
“Desde el año 2014, la Administración Tributaria realizó una investigación sobre este sector económico y presentó una denuncia penal que ascendió a 2.000 millones de colones. Para los años posteriores a la investigación realizada, se continuó dando seguimiento al comportamiento fiscal de las personas físicas y jurídicas que se dedican a esta actividad y a la planificación fiscal realizada luego de la presentación de la denuncia penal. Como resultado de ello, se ha ido identificando vinculados comerciales, registrales, y profesionales, que también brindan servicios de asesoría, lamentablemente, un funcionario de nuestra Dirección de Fiscalización figura como sospechoso. Conforme a los procedimientos legales correspondientes, toda esta información se ha puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes”, dijo el director general de Tributación, Carlos Vargas.
El Ministerio Público y la Policía Judicial encontraron que era desde San José que varios imputados enviaban el mercurio y cianuro que se usaba en Crucitas para extraer el oro.
La Fiscalía informó que no a todas las personas detenidas se les solicitará medidas cautelares, por atribuirles conductas menos graves y por contar con arraigos procesales, sin embargo, estas quedarán en calidad de imputadas. Por eso, analizará el caso particular de cada una de las personas para determinar sobre quiénes sí debe solicitar medidas.
Nota del autor: Esta noticia fue actualizada a las 15:39 horas del 20 de agosto de 2020, por cuanto el Ministerio de Hacienda afirma que el funcionario investigado trabaja en la Dirección de Fiscalización de la institución, y no en la Dirección de Grandes Contribuyentes como informó la Fiscalía.
