Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.

Mi intención con este artículo no es señalar si las tasas de interés máximas establecidas en virtud de las reformas y adiciones a la Ley 7472 son altas, bajas o adecuadas. No tengo el conocimiento técnico ni profesional para definirlo. Sin embargo, como costarricense, lo que puedo observar una vez más es la falta de efectividad que tiene la normativa que emite nuestro poder legislativo.

Quiero dejar de lado cualquier ideología política. No quiero ni siquiera entrar a analizar la redacción tan deficiente e incorrecta de la norma – redacción que le dificulta su aplicación y regulación a las entidades correspondientes (por no decir imposibilita); colocándolas en una posición bastante compleja, obligándolas a actuar contra tiempo e incluso rayando en el límite de legalidad.

Analicemos por un momento, sin profundizar, el fin de la normativa: “la protección del consumidor”. Ahora mencionemos algunos de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigencia de la misma:

  • Bac San José suprimirá más de 187.000 tarjetas de crédito a más de 79.000 clientes, despedirá 373 colaboradores directos y cerrará 11 de sus sedes.
  • Banco Promérica desvinculará al menos 30.000 clientes.
  • Caja de Ande informó que no otorgará préstamos as clientes cuyo salario líquido sea inferior a ¢200.000
  • Empresas que otorgan facilidades crediticias como “Beto” e Instacredit informaron que no están procesando nuevos créditos y que tendrán que dejar de atender ciertos segmentos.

Y es que, en un intento fallido de proteger a los consumidores, lo que logró la Asamblea Legislativa fue limitar el acceso al crédito a los costarricenses, durante una de las mayores crisis que estamos viviendo como país.

¿Qué van a hacer muchos costarricenses al ver limitado su acceso al crédito en las entidades financieras? Pues siempre van a encontrar acceso al crédito, pero en un lugar en el cual no existen límites a las tasas, no existen reglas sobre la gestión de cobro, no existen garantías para el consumidor: el mercado informal.

Resulta inevitable preguntarse ¿nadie le advirtió a los diputados sobre los efectos que iba a tener la emisión de una normativa en los términos propuestos? Al ser temas técnicos, que salen de la esfera de conocimiento y especialidad de la mayoría de los diputados, en principio se debería de tomar en consideración el criterio de las entidades especializadas en la materia. El riesgo lo advirtió el Banco Central de Costa Rica, el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero y la Superintendencia de Entidades Financieras. También lo advirtió el Fondo Monetario Internacional y los bancos estatales. Y no lo advirtieron una vez, sino que lo hicieron en varias ocasiones. ¿Entonces?

No se vale aprobar una normativa ineficaz, que tiene consecuencias totalmente opuestas y contrarias al “espíritu” de la misma, y después tratar de minimizar estos efectos como lo están haciendo muchos de los diputados responsables.

Exclusión financiera, más desprotección y desempleo; estos son tan solo algunos de los resultados que obtuvimos gracias a una Asamblea Legislativa que decidió, de forma imprudente, ignorar las recomendaciones y advertencias de aquellos que tenían la capacidad técnica y pericial para entender y dimensionar la ejecución de una legislación que no cumple ni siquiera con definir realmente el delito de usura.