El pasado 27 de junio, en medio de una feroz pandemia mundial, partió hacia Canadá el primer contenedor de papaya producida en Parrita, Puntarenas, por una cooperativa de familias productoras. Lo anterior fue posible gracias a la construcción de una planta para empaque con una inversión conjunta, donde el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aportó un monto superior a los ₡600 millones.
En las primeras semanas de julio, las familias de la comunidad fronteriza de Argendora en La Cruz de Guanacaste, por primera vez tuvieron acceso a luz eléctrica. El Inder articuló dicha obra, con una inversión cercana a los ₡39 millones.
Durante los últimos tres años, y gracias al aporte solidario de quienes pagan sus tributos, el Inder ha trasladado más de ₡58 mil millones en programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Rica rural. De estos, más de ₡30 mil millones se han destinado a inversión pública (caminos, puentes, acueductos, sistemas de riego, electricidad, plantas de procesamiento, laboratorios y generación de valor agregado) que incide directamente en acelerar las condiciones que generan oportunidades ahí, donde se necesitan.
Cientos de familias y organizaciones productoras, pequeñas y medianas han contado con el respaldo del Inder para dar inicio o consolidar sus actividades económicas agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y de servicios. La adquisición de tierras para el autoabastecimiento, la seguridad alimentaria y la producción local de grupos campesinos y familias productoras, han sido fuente de paz social. En su conjunto, en todas estas actividades se han invertido más de ₡22 mil millones en los últimos tres años.
Los habitantes de los territorios rurales han jugado un papel protagónico en el desarrollo social y económico de la Costa Rica que conocemos. No obstante, a pesar de que la historia así lo reconoce, lo avanzado hasta hoy no será suficiente para evitar que se antepongan intereses particulares y sectoriales, en procura de dinamitar uno de los más preciados valores de nuestra República democrática: el pacto social con los más vulnerables.
En las últimas semanas, ha sido de conocimiento público el impulso de iniciativas de ley que procuran silenciar este legado. Bajo los números 21.792 y 22.090, se propone, una vez más, cerrar una institución cuyo impacto para los territorios rurales costarricenses es altamente reconocido y palpable. Sin embargo, es necesario indicar que en estas y otras iniciativas de similar índole, se evidencia un propósito contradictorio y alejado de este pacto social, pues bajo la consigna de reorganizar y reorientar la inversión pública social que haga más eficiente al Estado, se muestra el absoluto desinterés en el impacto negativo que profundizará la desigualdad en las familias rurales.
Conscientes y autocríticos de las oportunidades de mejora del Inder, se han analizado dichas propuestas, lo que permite concluir que dilapidan las conquistas de sectores campesinos y de familias rurales en su búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.
Valga decir que se han remitido a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, los criterios institucionales referentes a la valoración del proyecto de ley 21.792, en los que se manifiesta de forma clara y profusa nuestro absoluto rechazo a esta iniciativa.
Retroceder, no es una opción. Los territorios rurales requieren de una inversión pública articulada y diferenciadora, que incorpore desde la dotación de un terreno para una actividad productiva de autoabastecimiento familiar, hasta la construcción de infraestructura pública de primer nivel, en el marco de una nueva gobernanza que incluya la participación efectiva de los actores del territorio.
Merecen condiciones para potenciar y fomentar el arraigo, donde el acceso a la tierra sea vista como un medio para el desarrollo y no como un fin en sí mismo. Requieren mejorar sus entornos, para competir en igualdad de oportunidades. Demandan de una intervención integral donde la economía rural toma forma de joven, mujer, campesino o indígena, y no de tarjeta de crédito, garantía de préstamo o análisis de riesgo que condiciona su futuro a partir del tener, para poder ser. Todo ello, es la labor sustantiva que realiza e impulsa el Inder.
En medio de una pandemia de afectación mundial, que pone a prueba nuestra voluntad y esperanza, y ante los constantes esfuerzos por aprovechar momentos de incertidumbre para dilapidar estos y otros triunfos de la Costa Rica Rural, es preciso hoy más que nunca cuidar nuestro legado y proteger nuestra misión. Que no se nos olvide: somos y estamos para proteger a todas las familias, en especial las afectadas por la pandemia de la desigualdad y la pobreza en los territorios rurales.
¡Costa Rica se levantará, desde los territorios rurales!
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