En la última semana se han presentado una serie de hechos de violencia contra personas vulnerables ante la enfermedad COVID-19, que han levantado la alerta de las autoridades y de la población.
El más reciente de estos eventos se presentó ayer martes a las afueras de un albergue para personas indígenas, ubicado en el barrio Carmen Lyra de Turrialba.
En horas de la noche un grupo de personas prendió fuego a varias colchonetas frente a las instalaciones del centro. Según informó el medio regional Radio Turrialba, el hecho se presentó a causa del malestar de algunos vecinos por la presencia de personas indígenas que presuntamente estarían enfermas de COVID-19.
El medio regional TDN informó en vivo la noche de ayer:
La mañana de este lunes, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) confirmó que en este sitio se dio refugio a la madre de un menor de 2 meses de edad, proveniente de territorio indígena, que se encuentra en estos momentos hospitalizado en el Hospital de Niños por ser un caso positivo COVID-19. En el centro de atención permanecen tres personas indígenas, quienes fueron aisladas de forma preventiva en espera de los resultados del examen del COVID-19.
Según el reporte de la Comisión, las personas se encuentran en buenas condiciones de salud y, tras los hechos violentos de ayer, serán trasladadas a otro centro de atención, esta vez ubicado en Grano de Oro de Turrialba.
Según detalló el presidente ejecutivo de la CNE, Alexander Solís Delgado esta mañana, "estos hechos denotan un claro desconocimiento de la forma de la transmisión del virus, así como la falta de solidaridad y humanismo" por lo que pidió solidaridad y freno a la violencia por parte de la población.
Hay una familia en el albergue que está esperando los resultados de la prueba COVID-19 justamente porque su bebé de dos meses está en el Hospital Nacional de Niños. A los integrantes de la familia se les realizó la prueba y estamos a la espera de los resultados para poder ubicarlos en un albergue en los territorios indígenas. Lamentablemente algunas personas llegaron a protestar, lo han estado haciendo en los dos últimos días, y se presentaron hechos que no podemos tolerar como sociedad".
Por su parte, la Directora regional de la Fuerza Pública en Turrialba, Ericka Madriz, agregó que el traslado de la familia del menor internado a este albergue se realizó la noche de ayer y que fue posteriormente que se presentaron los actos violentos:
Lo que se dio ayer fue que después de que las autoridades se retiraron del lugar, tanto la Fuerza Pública como el Ministerio de Salud, algunas personas tomaron las colchonetas y les prendieron fuego fuera del albergue".
La funcionaria señaló que no se presentó ninguna situación que comprometiera directamente las instalaciones del albergue ni la vida de ninguna persona, pero aseguró que seguirán dándole acompañamiento a estos traslados.
El presidente de la CNE fue enfático en su rechazo a los actos violentos:
Esto puso en riesgo no solamente a las personas que están ahí y que están viviendo una circunstancia compleja, sino también a todo el resto de la comunidad, sin dejar de lado que quienes fueron a esta protesta también se exponen más al contagio del virus".
El rechazo a la violencia también se manifestó desde la Asamblea Legislativa, pues la diputada liberacionista y también turrialbeña, Paola Valladares Rosado, afirmó en sus redes sociales que "todos sentimos terror ante una enfermedad desconocida, pero eso no nos da el derecho de comportarnos como personas primitivas e incivilizadas":
Ningún ser humano quiere enfermarse, nadie ha dado positivo a COVID-19 porque decidió que era el plan del día, así que seamos solidarios. Lo que sí debemos hacer es acatar las medidas sanitarias correspondientes, lavado de manos, uso de mascarillas, no hacer fiestas. ¡La solución está en nuestras manos!”
Violencia en Tarrazú y en cuarterías en la frontera
Ayer la Fiscalía de Pavas confirmó a Noticias Repretel que se está investigando si la muerte de la paciente número 28 de COVID-19 se debió a la enfermedad o a una agresión que sufrió la fallecida en la cuartería en la que habitaba.
Según el medio, que llamó "María" a la mujer para proteger su identidad, la fémina podría haber muerto luego de denunciar que las personas que estaban en aislamiento en la cuartería en la que vivía, estaban irrespetando las medidas ordenadas por el Ministerio de Salud.
Ante las denuncias, la mujer habría recibido una golpiza por parte de sus compañeros de residencia, lo que la llevó en condición delicada al Hospital San Juan de Dios donde se le detectó como enferma de COVID-19 y donde posteriormente falleció. Por ello ahora el Ministerio de Salud solicitó a las autoridades judiciales que investiguen la causa real de su muerte.
Otro hecho que se denunció la semana anterior, fue el de tres personas en situación de calle provenientes de San José que fueron rechazadas en el cantón de Tarrazú, a causa del temor a la enfermedad.
Las tres personas llegaron al cantón de la Zona de los Santos en bus con el fin de conseguir trabajo en las cogidas de café que están buscando personal en estos momentos; sin embargo, tras varias denuncias de vecinos que indicaban que nunca habían visto a estas personas, los tres fueron devueltos a la capital "por la situación de la pandemia".
La información fue confirmada por la alcaldesa de Tarrazú, Ana Lorena Rovira Gutiérrez, al medio regional Altavisión la semana anterior. La jerarca confirmó que las personas no tenían síntomas ni ningún indicio de la enfermedad pero que al no existir un albergue para personas enfermedas de COVID-19 en el cantón, "acá no había lugar para ellos".
El bus en el que los devolvieron fue escoltado por la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito hasta que salieron de la Zona de Los Santos por el sector de El Empalme.
Todo esto se une a la denuncia que realizó la semana anterior la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuando se comunicó de un ataque con arma de fuego a la sede del Servicio Fitosanitario en Peñas Blancas, donde trabaja personal de la institución encargado de realizar pruebas para diagnosticar COVID-19.
De acuerdo con la institución, el ataque se dio el miércoles pasado las 6:48 pm y el proyectil ingresó por una ventana de la cocina del inmueble, en el momento en que cinco funcionarios del área de salud de La Cruz se encontraban tomándole pruebas a transportistas y transeúntes nacionales y residentes.
Piden resguardar seguridad de poblaciones vulnerables
Ante estas manifestaciones de violencia y rechazo, expertos alertaron este miércoles sobre un posible aumento de casos de violencia y maltratos en el país, principalmente a personas en situación vulnerable, por miedo a los contagios.
Así lo aseguró la Coordinadora del Centro de Atención Neuropsicológica de UNIBE, Carol Garita, quien este miércoles afirmó que hay una correlación entre el impacto por la pandemia por el COVID-19 y la conducta agresiva y que esto genera que unas personas se vean más afectadas que otras.
En marzo pasado, la UNICEF instó a los gobiernos a tomar una serie de medidas concretas para garantizar la seguridad de millones de niños, niñas y adolescentes alrededor del mundo. En Costa Rica, las diversas instituciones estatales, que velan por la seguridad de las poblaciones más vulnerables, también han tomado medidas por considerar que las emergencias que pasan estas personas no tienen horario y estas abarcan todo tipo de violencia; desde la física, psicológica, sexual, entre otras”.
Para la especialista, un factor que incide en el aumento de la agresión es el confinamiento, ya que a partir de este se ha producido un cambio en los modos de convivencia y de desarrollo de la vida cotidiana familiar:
Los chicos y las chicas no van a sus escuelas y colegios, sino que están en casa durante todo el día; otro factor hace referencia a la socialización con el grupo de pares, la cual se ha visto afectada, llevándoles a experimentar ansiedad, sentimientos de abandono, de aislamiento, desesperanza y mucha frustración. Todo lo anterior puede desembocar en estrés y preocupaciones de toda índole".
La experta señaló que es necesario que tanto a nivel privado como colectivo, se utilicen las líneas de ayuda y denuncia a fin de contrarrestar y poner un alto a estas manifestaciones de violencia.
