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Ayer primero de julio inició la aplicación de una serie de disposiciones transitorias que mantenía la Ley 9635, con especial atención para la población y parque empresarial en lo referente a canasta básica, turismo, construcción y actividades de reciclaje. La pregunta que muchos nos hacemos hoy.  ¿Era el momento oportuno para este aumento?

Algunos dicen que esto ya se tenía previsto, porque la norma lo contemplo así, no obstante y sin lugar a dudas cuando el legislador aprobó esta norma jamás pensó en la situación económica como la que estamos viviendo actualmente, debemos recordar que la aprobación de las leyes tienen en el fondo un espíritu que el legislador quiere plasmar mediante una norma jurídica, en este caso particular era ayudar a disminuir un déficit fiscal creciente, bajo un contexto de una economía en funcionamiento normal.

Evidentemente el escenario y el contexto actualmente es otro, de tal forma que no podríamos considerar un ajuste de impuesto como el mejor mecanismo para ayudar a una económica en franca recesión, además es conveniente considerar que el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo que no determina que la persona que está comprando el bien o servicio tenga una capacidad económica determinada, asimismo y algo  propio de la naturaleza de este impuesto es que el pago lo debe realizar el consumidor final.

Por lo tanto, sin lugar a dudas, el empresario se enfrenta a una fuerte disyuntiva el trasladar este impuesto a su cliente y con esto perder competitividad o disminuir sus márgenes de ganancia a fin de que el precio final no se vea afectado, considerando por ejemplo que hoy sectores como el turismo se encuentran en el remolino de la ley de la oferta y demanda, siendo esta última sumamente pobre y por lo tanto teniendo que bajar sus tarifas para lograr atraer esa oferta escasa producto de las limitaciones de movilidad a nivel mundial, pero que además hay que sumar otros nuevos factores, tales como limitaciones en el aforo de clientes, incremento en gastos para mantener las disposiciones de limpieza requeridas, entre otros nuevos factores.

En el caso de la canasta básica igualmente parece un momento poco oportuno (a pesar de que algunos analistas han señalado que el impacto es mínimo), por el crecimiento del desempleo y los más de 300.000 trabajadores con salarios reducidos que sumados son más de 650.000 personas que tienen nulas o reducidas fuentes de ingreso por lo que efectivamente no se podría señalar como un buen momento para implementar estos impuestos.

El gobierno debe “correr” a aprobar leyes que mantengan la transitoriedad de estas normas al menos un tiempo prudencial para que la economía vuelva a un grado de “normalidad” y buscar generar entradas de recursos que no necesariamente sean impuestos para paliar el efecto del déficit fiscal, venta de activos del Estado poco eficientes, cierre de instituciones con duplicidad de funciones, ley de empleos públicos a fin de disminuir las desigualdades salariales que existen entre los mismos funcionarios del estado, entre múltiples opciones de corto y largo plazo, considerando que la crisis económica va tener años de recuperación.

Hablar hoy de impuestos es restar capacidad a los agentes económicos que sin lugar a dudas están haciendo su mejor esfuerzo para superar esta crisis, no obstante la implementación de impuestos sin una agenda de reactivación económica clara algo complejo ante la incertidumbre de la crisis sanitaria, es simplemente generar un nuevo escollo a muchos empresarios y personas.