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He decidido exponer la reciente experiencia a propósito de mi nombramiento como directora del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la posterior no ratificación decidida por la Asamblea Legislativa. Mi intención es invitar a la opinión pública a reflexionar sobre la falta de transparencia a la que se expone una persona que decide aceptar, de buena fe, el ofrecimiento de ocupar un cargo público como ese, con el escrutinio que implica, así como sobre la forma en que ello impacta en el Estado de Derecho.

Me buscaron. Recibí una llamada del Presidente Ejecutivo del BCCR, para ofrecerme ser parte de la Junta Directiva de ese banco, dado que se había discutido del interés de incorporar la perspectiva jurídica en ese órgano. El paso a seguir, me indicó, era que el presidente de la República me entrevistara. A pesar de haber decidido no volver a aceptar cargos públicos dadas las experiencias vividas, por la coyuntura de la crisis sanitaria del país, decidí aceptar. Acto seguido, me entrevisté con el presidente de la República con quien conversé, ampliamente, de forma franca. Días después, se me comunicó que iba a ser nombrada.

Mi escrutinio. Con la comunicación de mi designación, la Asamblea Legislativa me envió un amplio listado de documentos que debía remitir a la Comisión de Nombramientos, así como otro de autorizaciones que debía firmar para que se hurgara, en cuanta entidad pública existe, si tenía alguna obligación pendiente. Además, debía preparar, en un plazo determinado, ocho juegos de copias de toda la documentación y un original y, a pesar de que me ofrecieron el cargo, ¡debía exponer por qué quería ser integrante de la Junta Directiva del BCCR! Luego advertí que nadie de la Comisión de Nombramientos y menos aún del Plenario, evaluó esa información. De seguido acudí a una entrevista en la cual se dio un diálogo de sordos: el Jefe de Fracción del PLN cuestionó mi idoneidad por ser abogada… Pero si me buscaron, más bien, ¡por serlo!

Votación secreta inconstitucional. En el plenario un diputado, otrora oficialista, fundó su oposición a mi ratificación, aduciendo que yo era abogada y no economista. Como lo hice saber en la entrevista en la Comisión de Nombramientos, la experiencia internacional muestra que, en los órganos jerárquicos de las bancas centrales más importantes, de países fundadores de la OCDE, como la Reserva Federal de EEUU, el Banco Central Europeo, Bundesbank en Alemania, la Banque de France, el Banco de España, participan abogados. Imparto un curso de posgrado en derecho público de la economía. No hay un texto en esa materia que no trate la banca central. La ley no exige, además, que se deba ser economista para integrar la Junta Directiva del BCCR. No obstante, sin la mayoría constitucional de dos tercios para votar secretamente, así lo hicieron y se decidió no ratificar mi nombramiento. Luego de la votación surgieron las explicaciones: ¡Fue culpa de Welmer! Es claro, sin embargo, que un diputado solo está lejos de tener esa capacidad de convencimiento. Hay algo más que no sé, ni sabré nunca.

Votación extemporánea y nula. Otro vicio, aparte del voto secreto, estaba en juego: según la ley, mi nombramiento se perfeccionó el día anterior a la votación. Eso lo sabía quién me ofreció el puesto, quien me nombró y los diputados. Me indicaron que se solicitaría la revisión del acuerdo del plenario legislativo por ser extemporáneo —emitido sin competencia y por ende nulo. Sin embargo, ningún diputado finalmente solicitó la revisión. Esta otra irregularidad, además, se mantuvo en total reserva.

Vicios consentidos. Como lo hice saber a quién me propuso el cargo, al amparo de una resolución de la Sala Constitucional (2001-11943), el Consejo de Gobierno tendría sustento para juramentarme, por ser extemporánea y por ende nula la no ratificación de mi nombramiento. La alternativa, sin embargo, también fue descartada. Así, quienes me ofrecieron el cargo y me nombraron, consintieron los vicios del acto legislativo.

Hoy simplemente aspiro a que, quien de buena fe acepte participar en la función pública en esta clase de puestos y transparente cada espacio de su vida, no sea sometido a un juego, sin reglas, sin caras, sin transparencia, en el cual las normas jurídicas, sean un mero símbolo para la Asamblea Legislativa. Solo con respeto a la Constitución y a la ley habrá un Estado de Derecho.