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Desde el pasado 16 de marzo del 2020, y como consecuencia de la situación por COVID-19, las autoridades de Costa Rica determinaron que la Dirección General de Migración y Extranjería cerraría sus puertas al público. Sin embargo, hasta hoy continuamos con dudas sobre cuál ha sido la evolución en materia migratoria y qué ha hecho esa institución con los procesos administrativos.

En primera instancia, se dictó la Resolución N° DJUR-043-03-2019-JM, en la cual se estableció que no se aceptarían nuevas solicitudes de permanencia legal, bajo cualquier categoría migratoria entre el 17 de marzo y el 17 de mayo, previendo que las oficinas administrativas volverían a funcionar después de esa fecha. Pero luego llegó la Resolución N° DJUR-0077-05-2020-JM, la cual prorroga dichos plazos hasta el 18 de julio del presente año y recientemente por medio de Resolución DJUR—0105-07-2020-JM publicada en el Diario Oficial La Gaceta el día 8 de Julio, se vuelve a trasladar la fecha de reapertura de servicios migratorios para el viernes 18 de Setiembre.

Desde la primera resolución han pasado más de 100 días, y aún la Dirección General de Migración no ha comunicado solución alguna para continuar con los procesos migratorios que, ya de por sí, son lentos y burocráticos. Antes de la pandemia encontrábamos atrasos de cinco y seis meses en algunos procesos, ahora, la situación nos lleva a suponer que será necesario sumarle seis meses más de atrasos, periodo que  la institución estará cerrada.

Esta situación genera incertidumbre a toda la población migrante, afecta a los ejecutivos o gerentes de multinacionales que viajaron hasta nuestro país para dirigir importantes empresas, a los migrantes con familiares y a quienes trabajamos en mediar los procesos migratorios entre la persona interesada y el Estado; afecta a los cientos de personas que por una u otra razón querían invertir, retirarse o tener un domicilio estable para realizar teletrabajo desde nuestro país por las condiciones que podemos ofrecer en la era de la nueva realidad.

En Costa Rica, algunas instituciones simplificaron trámites y procesos administrativos. El Poder Judicial, por ejemplo, realiza las audiencias en línea y el Registro Civil acepta trámites por medio del sitio web.

Y aunque las autoridades migratorias siguen laborando, emitiendo resoluciones, realizando prevenciones de documentos faltantes y denegando solicitudes de categorías migratorias, lastimosamente los usuarios únicamente pueden consultar el estado de su expediente.

No es posible contestar a las prevenciones, o adjuntar nuevos documentos, aún cuando Migración tiene alianza con Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica para otorgar renovaciones de DIMEX (Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros).

Costa Rica debería seguir modelos latinoamericanos como el de Colombia donde los procesos migratorios pueden hacerse vía web; Chile o Argentina y hasta el mismo Estados Unidos permiten una dualidad en el proceso (una parte en línea y otra, de forma presencial)-.

Así las cosas, es previsible que, conforme se agrave la situación sanitaria (que sin duda se agravará), lo hará también el caos institucional. Cuando sea que abran las puertas al público, las filas para consultar expedientes, presentar documentos nuevos y otras solicitudes estarán a la orden del día, documentos y plazos vencidos. Todo por no contar con un sistema migratorio a la altura de los tiempos, que no da una seguridad jurídica migratoria a las personas migrantes, los cuales también tienen derecho a la misma.