El alto número de embarazos adolescentes y de relaciones impropias que aún se registran en el país, representan las grandes deudas que mantiene Costa Rica con la protección de los derechos de las niñas.
Así lo señaló el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que fue hecho público este martes 30 de junio.
La discusión sobre las relaciones impropias en el país inició en la oficina de UNFPA en el 2013, a partir de la publicación “Uniones Impropias, Niñas Madres y Embarazo en la Adolescencia en Costa Rica”, mediante el cual se reflejó no solo la existencia de uniones de niñas y adolescentes con hombres adultos, sino también el nexo entre las uniones impropias y el embarazo en la adolescencia.
A partir de este estudio, diversos análisis han incluido en sus cuestionarios la exploración de las diferencias edades en las relaciones sexuales de personas menores de edad, para reflejar de mejor manera este fenómeno.
Así lo hicieron la Encuesta de Salud Sexual y Salud Reproductiva del 2015, la Encuesta Nacional de Juventudes del 2018 y la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia 2018 (EMNA) que confirmaron dicha relación.
Si bien, a diferencia de cuando empezó a tratarse, ya existe una legislación que penaliza este tipo de relaciones (la Ley para el Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas), UNFPA señaló que aún queda camino por recorrer para alcanzar un escenario:
(...) donde se rompa la cultura que ha normalizado las relaciones impropias, que requiere de mayores y más profundas acciones en los ámbitos educativo, cultural, social, entre otros".
Respecto a los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes, si bien el informe detalló una reducción en este mal (pues en el año 2000 se dieron 611 nacimientos en niñas de 14 años o menos y la cifra disminuyó a 264 nacimientos en el 2019), la cifra está lejos de desaparecer.
Así lo hizo ver la Representante Auxiliar de UNFPA Costa Rica, Paula Antezana, al referirse al respecto:
Si bien es cierto los datos han disminuido, la realidad demuestra que cinco niñas menores de 14 años son madres cada semana y de 21 adolescentes entre 15 y 19 años sean madres cada día. Esto demuestra que estamos lejos de haber cumplido con el compromiso de la protección de los derechos de estas niñas y adolescentes. Una relación impropia, un embarazo temprano, son violaciones de derechos que afectan el desarrollo de las niñas y las mujeres, sus comunidades y, al final de cuentas, el desarrollo del país”.
En el año 2000 se registraron aproximadamente 12 nacimientos en niñas de 14 años o menos cada semana. Para el año 2019 esta cifra fue de cinco semanales.
En el grupo de edad de 15 a 19 años, en el año 2000 se dieron 15.999 nacimientos, lo que representaba el 20.5% del total de nacimientos, mientras que en el 2019 se dieron 7.776 nacimientos en el mismo grupo de edad, correspondientes al 12,1% del total de nacimientos.
Esto equivale a decir que en el año 2000 se registraron aproximadamente 44 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años cada día y que esta cifra disminuyó a 21 en el año 2019.
Situación de las mujeres y niñas en el mundo
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de la salud sexual y reproductiva.
El órgano reporta que "todos los años, millones de niñas se ven sometidas a prácticas que les provocan daños físicos y emocionales con el conocimiento y consentimiento plenos de sus familias y comunidades" y esa es la situación plasmada en el informe Estado de la Población Mundial 2020, que se publicó este martes.
Según dicho informe, en el mundo existen al menos 19 prácticas nocivas (desde el planchado de los senos a las pruebas de virginidad) que son violaciones de los derechos humanos.
La edición de este año se centra en los tres tipos más preponderantes: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y la preferencia por los hijos varones muy en detrimento de las hijas.
Según la Directora Ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem:
Las prácticas nocivas que afectan a las niñas ocasionan un trauma grave y duradero que les roba el derecho a desarrollar todo su potencial”.
Se calcula que este año, 4,1 millones de niñas sufrirán una mutilación genital femenina. UNFPA señala que, hoy mismo, 33.000 niñas menores de 18 años se verán obligadas a casarse y que por lo general, sus maridos son hombres mucho mayores que ellas.
Además, en algunos países, la preferencia desaforada por los hijos varones ha promovido la selección del sexo con sesgo de género o casos de desamparo extremo que han desembocado en la muerte de las niñas. El resultado son 140 millones de niñas y adolescentes “desaparecidas”.
Algunas prácticas nocivas están decayendo en los países en los que sucedían con mayor frecuencia. Sin embargo, debido al crecimiento demográfico de estas naciones, la cifra de niñas damnificadas aumentará en los próximos decenios a menos que se adopten medidas urgentes.
El informe señaló que:
Los países que han ratificado tratados internacionales tales como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen la obligación de poner fin al sufrimiento de las niñas sin importar si los perpetradores son sus parientes, las comunidades religiosas, los proveedores de servicios de salud, las empresas privadas o las instituciones públicas. Muchos gobiernos han reaccionado con instrumentos legislativos, pero no basta con promulgar leyes".
Según UNFPA, decenios de experiencia e investigación han demostrado que, cuando se trata de lograr cambios, "los enfoques ascendentes que tienen su base en el seno de la comunidad dan mejores resultados". Al respecto, Kanem señala que:
Para resolver el problema, hemos de combatir las causas profundas, sobre todo las normas con sesgo de género. Tenemos que esforzarnos más a la hora de respaldar la labor de las propias comunidades para tomar conciencia del perjuicio que estas costumbres ocasionan a las niñas y de cómo se beneficia la sociedad en conjunto cuando se erradican”.
El informe señala que es necesario reestructurar las economías y los sistemas jurídicos en los que se apoyan con el fin de garantizar que todas las mujeres gozan de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, modificar las normas relativas a la herencia de propiedades haría que desapareciera un fuerte incentivo que motiva a las familias a dar prioridad a los hijos varones y contribuiría a erradicar el matrimonio infantil.
El Fondo asegura que "es posible eliminar el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina a escala mundial en el plazo de 10 años si se amplían las iniciativas destinadas a que las niñas prolonguen su escolarización, a enseñarles competencias para la vida y a implicar a los hombres y niños en la transformación social".
Según el informe, invertir 3.400 millones de dólares al año, de aquí al 2030, serviría para acabar con estas dos prácticas nocivas y con el sufrimiento de unos 84 millones de menores en el mundo.
Además, el informe alertó sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en este trabajo: un análisis reciente reveló que, si los servicios y programas permanecen suspendidos seis meses, puede que otras 13 millones de niñas sean obligadas a casarse y que 2 millones más de niñas sean víctimas de una mutilación genital femenina de aquí a 2030.
“Nuestro trabajo se complica y se vuelve más urgente a causa de la pandemia, ya que ahora hay muchas más niñas en situación de riesgo”, concluyó Kanem.
