La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ordenó al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) garantizar que el personal sanitario tenga y use mascarillas en todos los centros de salud de la institución, aún cuando no atiendan directamente a pacientes con COVID-19.

Por unanimidad y mediante la resolución 2020-10180 del 5 de junio, la Sala acogió un recurso de amparo interpuesto por el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), quien denunció que la CCSS se niega a entregar implementos de bioprotección adecuados a todos los profesionales de salud, pues señalan que no es necesario utilizarlo en determinadas áreas de los hospitales, con lo cual muchos de los funcionarios se exponen al contagio por COVID-19.

La Sala constató que los lineamientos para el uso de equipo de protección personal contra COVID-19, promulgados el 16 de abril, hacen referencia a la necesidad de que el personal sanitario use ese tipo de indumentaria; sin embargo, los magistrados lamentaron la inexistencia de un adecuado método de fiscalización por parte de las instancias superiores de la Caja Costarricense de Seguro Social, a efectos de vigilar el cumplimiento efectivo de ese lineamiento. 

Aunque los jueces constitucionales resaltaron que la Caja ha creado mecanismos de logística y distribución adecuados para garantizar que los centros de salud tengan fácil acceso al equipo de protección personal para sus trabajadores, incluso para aquellos que no prestan atención directa a los pacientes con la enfermedad, estos mecanismos no son si no se acompañan con medidas de fiscalización apropiadas para velar para que todo el personal de salud cuente con tales insumos médicos.

"El recurso de amparo debe acogerse, con el propósito que, mientras subsista por parte de las autoridades sanitarias la recomendación del uso de la mascarilla para los trabajadores de la salud (incluso para aquellos que no prestan atención directa a los pacientes con la enfermedad COVID-19), las autoridades accionadas, tanto el Ministerio de Salud como las instancias jerárquicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, coordinen lo necesario para instaurar medidas de fiscalización, en los términos señalados anteriormente", dice la resolución.

La Sala ordenó a Daniel Salas, ministro de Salud; y Román Macaya, presidente de la CCSS, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que mientras subsista la recomendación del uso de la mascarilla para los trabajadores de la salud, incluso para aquellos que no prestan atención directa a los pacientes con la enfermedad COVID-19, coordinen lo necesario para instaurar medidas de fiscalización, a efectos de determinar que tal recomendación se cumpla en todos los centros de salud de la Caja.

Los magistrados advirtieron que si la orden es incumplida, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa.

La Caja y el Estado fueron condenados al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos denunciados.