Cuando fui estudiante en la Facultad de Derecho, un profesor nos contó un chascarrillo para iniciar la explicación de las potestades de las distintas instancias judiciales en Costa Rica, y más o menos decía algo así: “Un juez, va a ser el decisor absoluto de la verdad aquí en la tierra. Para revisar lo que resolvió un juez, están quienes se creen algo así como semidioses y son los jueces superiores de segunda instancia. Y por encima de todos nosotros están los Magistrados, quienes no se creen, están completamente convencidos que son dioses”.
Esta anécdota me cae como rayo al ver el video de la audiencia ante la Sala Tercera de la Corte Suprema del pasado martes, al ver el desapego absoluto que tienen los magistrados, en especial el señor presidente de la Sala Tercera, en cuanto al proceso y a la realidad judicial costarricense. Prácticamente se siente que han olvidado cómo es una audiencia o un juicio.
Con arrogancia solapada se desprenden de las normas básicas del debido proceso, adelantado criterios, pretendiendo hacer y deshacer a su antojo sus actuaciones y, por último, no darse el tiempo para comprender las distintas gestiones que se plantearon, pues no lograron nunca separar los alegatos de la apelación y de los de una recusación, a pesar de las repetidas veces que así lo hizo saber doña Emilia Navas.
No se puede mirar esta audiencia sin ser embargado por un sentimiento de indignación. Más allá de los temas técnicos jurídicos, es lamentable ver como todas partes presentes están de acuerdo y los abogados y abogadas intervinientes, uno a uno, le tienen que decir de frente al presidente del tribunal, magistrado que tiene 35 años su puesto, que no está en condiciones ni en capacidad de llevar a cabo la diligencia.
Esto deja en evidencia lo que muchos presumimos. Hay un grupo de funcionarios públicos terriblemente arraigados a sus puestos, y no es de extrañar. En esos pasillos, el respeto por ese tipo de puestos pesa en el aire. El poder es mucho.
Es plausible entonces, pero no inaudito, lo señalado por la señora fiscal, que la responsabilidad no es solamente de quien dirige la audiencia, sino también de aquellos que están participando y deben estar vigilantes del proceso. Los demás magistrados y magistrada, quienes trataron de arreglar la situación, deben asumir con responsabilidad lo actuado, y, en un acto de honor, separarse la investigación, al quedar en descubierto que no tuvieron la capacidad de llevar el orden de una simple vista judicial, de uno de los casos más importantes que se han tramitado en esa instancia.
No se puede dejar de lado que este caso de la UPAD es histórico, y a diferencia de otros procesos, los ciudadanos y medios de comunicaciones estamos pendientes del mismo, de todas las actuaciones, y el Poder Judicial no puede darse el lujo de lucir así de mal ante el país. De seguir así, sería la imagen del fracaso de la justicia costarricense.
Por último, hago mías las sentidas palabras de don Rodolfo Brenes en una de sus intervenciones: “Duele como ciudadano y como abogado que una resolución de este tipo se dicte por el más alto tribunal de nuestro país que cumple funciones de Juez de garantía”.
Si las más altas instancias, en el Olimpo, trabajan así, ¿qué podemos esperar los mortales?
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