La Procuraduría General de la República (PGR), ente que funge como Abogado del Estado, respondió al Ministerio de Hacienda que la institución nunca ordenó que el Gobierno debía pagarle a los empleados públicos el aumento salarial correspondiente al incremento por costo de la vida, sino que simplemente le aclaró que la forma que pretendían usar para no hacerlo no era la correcta.

Mediante el criterio C-219-2020 de este 12 de junio, la procuradora adjunta, Silvia Patiño Cruz, explicó a Elian Villegas que "este órgano asesor nunca concluyó que el Decreto Ejecutivo 42121-MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019 y el aumento salarial ahí establecido, no pudiera dejarse sin efecto, sino que, el mecanismo jurídico idóneo para ello era la derogatoria de dicho decreto y no la revocatoria como se planteó en la consulta original" por parte del entonces ministro, Rodrigo Chaves.

De acuerdo con Patiño, Hacienda mal interpretó el criterio C-202-2020 de la Procuraduría y ello devino en que el Gobierno pidiera una "reconsideración" para no pagar el aumento salarial del año 2020.

De manera respetuosa debemos señalar que la interpretación que se realiza por parte de las autoridades de Hacienda sobre los alcances del dictamen C-202-2020 resulta equivocada, pues parten de la premisa errónea de que esta Procuraduría consideró la existencia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas para todos los funcionarios públicos y, en consecuencia, la imposibilidad de derogar el pago del aumento salarial del año 2020.

La procuradora adjunta le recordó a Villegas que los criterios emitidos por la PGR se basan en consultas de carácter general, en la que no se hace referencia a casos concretos, y por ello la institución nunca ordenó pagar o no el aumento salarial a los empleados públicos, pues legalmente no tiene potestad para hacerlo.

La Procuraduría también rechazó que el criterio C-202-2020 hubiese declarado la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de todos los funcionarios públicos de modo que el aumento salarial tenía que pagarse.

Contradicciones a lo interno del Gobierno

En su criterio de hoy, Patiño dejó en evidencia contradicciones entre la posición del Gobierno respecto a si el aumento salarial del 2020 es un derecho adquirido y una situación jurídica consolidada a favor de los empleados públicos.

Esto pues cuando Rodrigo Chaves pidió el primer dictamen, los jerarcas del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Trabajo señalaron que dicho incremento, de 7500 colones, ya formaba parte del patrimonio de los funcionarios.

Inclusive, ambos jerarcas señalaron que la indisponibilidad posterior de recursos presupuestarios, no es un factor contemplado en la legislación nacional para dejar sin efecto alguno los
incrementos salariales previamente decretados.

"Lo anterior pone en evidencia un verdadero conflicto entre los criterios de los distintos órganos del Poder Ejecutivo sobre la forma en que debe manejarse el pago del aumento salarial del sector público para el año 2020, conflicto que no debe ser trasladado a esta Procuraduría pues es ajeno a nuestra competencia consultiva", señaló Patiño.

Por todo lo anterior, la Procuradora rechazó la solicitud de "reconsideración" del criterio C-2020-2020 y le insistió al ministro de Hacienda que la forma de dejar sin efecto un decreto ejecutivo es la derogatoria del mismo, y que será la administración la que debe determinar si existen derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de los empleados públicos.