El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ordenó suspender una licitación para comprar 1300 armas de fuego luego de recibir una denuncia que señala que el oferente al que se le adjudicó el cartel habría presentado documentación falsa.
Según informó esta tarde la oficina de prensa del ministerio, se inició un proceso administrativo dirigido a analizar el contrato y los datos de certificación que fueron presentados por la empresa y que eran requisito de admisibilidad en el cartel.
Un documento en poder de Delfino.cr señala que el oferente presentó una certificación que no corresponde al tipo de arma que la Policía deseaba adquirir. Esa falencia fue detectada inicialmente, pero al solicitarle a la empresa que subsanara ese aspecto, presentó una declaración jurada de la casa fabricante en los Estados Unidos que señalaba que el certificado sí era válido.
Tras consultar al Instituto Nacional de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad confirmó que esa certificación aportada mediante declaración jurada no era válida para el tipo de arma que se necesitaba adquirir.
Ante ello, se ordenó la apertura de una investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades contra el Consorcio Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A. El caso también fue trasladado al Ministerio Público. El viceministro de Seguridad, Randall Vega remitirá el expediente de contratación certificado por el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para que sea analizado y se determine si existe alguna irregularidad.
Dato D+: Según consta en la adjudicación de la licitación la empresa Inglesini y Compañía S.A. fue representada por Aldo Inglesini Zeledón, yerno del excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti y un importante donante del Partido Liberación Nacional.
La licitación contemplaba una compra de 1300 armas de fuego para la Fuerza Pública con un monto de 1060 millones de colones.
La empresa Inglesini y Compañía S.A. emitió un comunicado en horas de la noche asegurando que cumplieron con todos los requerimientos legales durante el proceso de licitación, y se ponen a la orden de las autoridades para esclarecer la denuncia recibida.
