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En un artículo publicado en este mismo medio, señalé: “Estoy tan consternado como lo puede estar cualquier costarricense decente que haya tenido conocimiento del infausto nombramiento del magistrado Jesús Ramírez Quirós como presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  Esta estrella del firmamento, como lo llamé en un artículo anterior, gracias a sus enormes y perennes cuestionamientos se ha convertido en una especie de vergüenza judicial. Su longeva permanencia en el cargo no sólo ha cercenado un refrescamiento necesario de la Corte, sino también se ha convertido en vitrina que expone en forma permanente la asquerosa contaminación política de la alta magistratura.”

Ahora, con ocasión de una audiencia celebrada el pasado miércoles 17 de junio en curso, ante la Sala Tercera Penal con motivo del mediático caso UPAD, se ha exhibido el magistrado Ramírez Quirós como el más incompetente.  Al unísono las partes lo hicieron ver y llegaron al punto de recusarlo por su incapacidad manifiesta para dirigir un debate judicial.  Tirios y troyanos se lamentan, aún y cuando algunos fueron parte de su entramado.  Incluso hasta le han manifestado cariño y aprecio.

A mí realmente la presencia del magistrado Ramírez Quirós en la Corte me parece hoy sólo una más de todas las magistraturas cuestionadas. La señora fiscala general de la República lo hizo ver con toda claridad cuando afirmó que detrás del infausto magistrado estaban los restantes integrantes de la Sala y con valentía procedió a recusarlos en pleno.  Fueron varios de esos compañeros los que hace varios meses y con un panegírico de ficción defendieron ante la Corte su nombramiento como presidente de esa maltrecha Sala.  La Fiscala dio en el clavo.  Linchando al anciano en solitario sólo escondemos la podredumbre asquerosa en que se convirtió la elección de magistrados en las últimas décadas. Antes los escogía el partido Liberación Nacional a su antojo y en oprobiosa connivencia con la oposición (hasta llegaron al colmo de nombrar un diputado en funciones como magistrado, casualmente también para la Sala III).  Con el multipartidismo el fenómeno sólo se agravó.  Otrora politizado hoy fracasado.  Esta Asamblea Legislativa, con aciertos en algunos temas, hizo del nombramiento de los magistrados una piñata inaceptable.  Con tal vez un par de excepciones, se han escogido a los magistrados por sus cercanías y preferencias políticas y no por sus atestados.  Importa más el currículum político que el profesional.  La oportunidad de oro que tuvimos los costarricenses para remozar la Corte y mejorarla se convirtió en el momento oportuno para que la clase política la secuestrara y la degradara a cortesilla.  No pudieron los gremios ni importantes asociaciones y grupos de estudios que hicieron ver las falencias de todos los procesos detener la vorágine.

Reitero, el problema del Poder Judicial y de la Sala III en particular no es la presencia del magistrado Ramírez Quirós, el problema es que la Corte no se integra con los mejores.

Ahora bien, el problema mayor no es tener este tipo de funcionarios que en ciertos casos se agrupan para forjar alianzas mezquinas y de bajos intereses, sino el golpe mortal que se le ha asestado al gobierno judicial.  La Corte a lo interno perdió toda legitimación moral frente al gremio de los jueces y demás funcionarios. Ya no se les respeta, no se les admira.  Sus decisiones no se perciben como actos en favor de la institución.  Están ahí con otros fines, más políticos que institucionales.  Puertas afuera, de mi gremio de abogados litigantes sólo escucho lamentos.

El resultado no es otro que el colapso total de la administración de justicia en Costa Rica.  El sistema hace aguas de tantos años atrás que ya naufragó. ¿Cómo rescatarla?  Creo que debemos revisar el concepto todo de un poder judicial dentro del Estado costarricense tal cual lo concibió el constituyente de 1949.  Ese concepto ya no va.  La administración de justicia es un paciente agónico, ya con pocas opciones de vida.