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El Estado costarricense identificando una serie de necesidades dentro de poblaciones vulnerables brinda una serie de transferencias por medio de programas sociales, en procura de una redistribución de la renta y mejores oportunidades para todos sus habitantes.

Una de las funciones más importantes del Estado es precisamente la redistribución de la renta, en procura del bienestar de las personas, sin empeorar el de ninguna otra, es decir en el sentido de Pareto, en su intento de corregir los fallos que existen en el mercado.

El Estado interviene porque comprende mejor lo que más les conviene a los ciudadanos en términos de bienestar, necesidades e intereses, este concepto se denomina paternalismo.

De acuerdo con lo anterior, en su intento de resolver los problemas sociales, económicos, de seguridad, es que el Estado a través de programas sociales, asigna recursos a la población más vulnerable, buscando disminuir la desigualdad y permitir que estas personas satisfagan sus necesidades básicas.

Las transferencias que se realizan tienen como objetivo contribuir en el abastecimiento de alimentos, vivienda, educación, salud, servicios públicos, empleabilidad; brindándole a los beneficiarios oportunidades de vida digna y desarrollo social, en búsqueda del bienestar general de la población.

Y es que, aunque las intenciones sean buenas, los efectos no siempre son los esperados, ya que, en muchas ocasiones, se puede generar una actitud de dependencia por parte de los beneficiarios del programa de asistencia social.

¿Es importante cuestionarnos si la distribución es realmente eficiente, si los recursos se asignan correctamente y si las medidas paternalistas efectivamente ayudan a combatir los problemas sociales?  O si por el contrario realmente se ha creado una dependencia dentro de la población que recibe este tipo de recursos, por medio de transferencias otorgadas por el Estado; que ha producido que siempre estemos a la espera de soluciones por parte del Gobierno, evitando que actuemos por nuestra parte, en busca de mejores oportunidades.

De acuerdo a los objetivos del Estado, los requisitos que deben cumplir quienes deseen ser parte de estos programadas deben ser analizados y establecer controles para que los recursos sean utilizados por las personas que realmente lo necesiten y evitar que los beneficios se trasladen, es decir que quienes los reciben son diferentes de los que se pretendía ayudar.

Por otro lado, y como parte de los controles que deben establecerse, es que la población en edad para trabajar y sea favorecida con la asignación de recursos por parte del Estado, debe estudiar o buscar empleo, con el objetivo de que en algún momento prescinda del beneficio que goza y otra persona pueda beneficiarse en el futuro.

La asignación de los recursos debe ser justa, equitativa y eficiente, de manera que la brecha entre los más ricos y los más pobres disminuya.

En una economía mixta como la nuestra es de vital importancia la cooperación entre el Estado y empresas privadas en la creación de fuentes de empleo que permitan una distribución de recursos más uniforme.

Si bien la asignación de recursos a los más vulnerables por parte del Estado es imprescindible para que las personas con menores oportunidades puedan abastecerse, estudiar, colocarse en la fuerza laboral, es de suma importancia que estos recursos se vean como beneficios temporales y no como obligaciones vitalicias; con mayor razón, tomando en cuenta la severa crisis fiscal que atraviesa el país y que según estimaciones por parte de expertos en el tema, duraremos muchos años en atravesar, es responsabilidad de todos poner un granito de arena para que el país salga adelante y no esperar que el Gobierno sea quien solucione todos los problemas que aquejan en nuestra sociedad.