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El objetivo del Bono Proteger es loable y es evidente que es una herramienta de urgencia para atender a tantas familias que perdieron o vieron sus ingresos disminuidos de la noche a la mañana. Contribuye a aliviar no solamente el hambre inmediata sino también la convulsión social. Pero es claro también que es una herramienta que compromete enormemente las finanzas públicas y que no contribuye a resolver el enorme problema de desempleo que ya teníamos, incluso antes de la pandemia y la falta de reactivación de nuestra economía. Por tanto, no es una herramienta que el Gobierno pueda o deba mantener por mucho tiempo. Tenemos que avanzar con innovaciones en lo inmediato que tengan menores impactos en las finanzas públicas, pero que contribuyan no sólo con las familias, sino también con las empresas. Hay que atacar los problemas de fondo de nuestra economía con nuevas visiones. El sistema financiero tiene que apuntarse en estos esquemas, y debe ser revisada la normativa que corresponda, para que lo regulado por la SUGEF y por otras entidades, no siga siendo una piedra en el camino que imposibilita el acceso a los recursos. El BCCR tiene que contribuir también con inyección de liquidez, pero con mecanismos y reglas del juego novedosas.

El objetivo es claro: dar acceso real a recursos financieros a familias y empresas en dificultades, e ir atacando con medidas novedosas el estancamiento de la economía y el desempleo grosero en que hemos caído. Un mecanismo es poder usar estratégicamente la liquidez, usando recursos que tanto el BCCR dispone, como el que puede sumarse de los superávits de algunas entidades públicas (pero que sean los recursos que no comprometan la parte de inversión pública y que no son realmente un superávit porque están comprometidos para inversiones que se llevan varios años en ser concluidas), sumando también parte de los recursos con que cuentan los bancos públicos y, quizás, alguna parte de los recursos con que cuentan los bancos privados. Con las condiciones que se exigen actualmente, no hay interés o posibilidad real de la población y las empresas por acceder a esos recursos. Son fondos necesarios para la población y las empresas, pero no hay condiciones para que tengan acceso real a éstos. La idea sobre regular las tasas de usura es una medida por si misma insuficiente.

Después del bono Proteger y otros mecanismos con visión asistencialista, las innovaciones deben apuntar a dar acceso real a los recursos, sin seguir siendo un bono asistencialista de corto plazo, que el Gobierno no podrá mantener por mucho tiempo. También hay que apuntar a romper la normalidad existente de condiciones crediticias que hacen inaccesibles los recursos financieros.

Las herramientas no son en sí novedosas, pero las condiciones en que se usan y la claridad del objetivo a que apunta sí lo son. Se trata de créditos con amplios periodos de gracia (mínimo de un año) que den tiempo a que las familias y empresas recuperen sus ingresos, con tasas de interés muy bajas, y con periodos de pago prolongados para que las cuotas de pago no sean muy altas. Eso lleva a repensar el esquema de garantías y la normativa. Va a implicar formas innovadoras de respaldo de garantías por parte del Estado o de inyección real de recursos a lo que podría denominarse un gran Fondo de Reactivación, con recursos tanto para las familias, como de capital de trabajo e inversión a las empresas. Apoyo explícito también a sectores generadores de muchos empleos en forma rápida.

Las ventajas son evidentes. Se inyectan realmente los recursos a la economía, las familias y empresas pueden atender sus necesidades inmediatas, los recursos no entran vía endeudamiento del Estado, los bancos siguen haciendo negocio, aunque con rentabilidades mucho menores, pero privilegiando la reactivación y el bienestar social. No será fácil hacerlo, porque se requieren voluntades e innovaciones. Se requiere entender que el sistema financiero es una herramienta para el bienestar y una sana economía, y no un fin en sí mismo. El país ha mostrado en esta crisis de la pandemia, que hay mucho potencial innovador. Los actores involucrados (BCCR, Ministerio de Hacienda, equipo económico del Gobierno, Bancos, SUGEF, Cámaras Empresariales, Cooperativas de Ahorro y Crédito, etc) deben actuar en conjunto para lograr las innovaciones necesarias.