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La amenaza generada por la enfermedad COVID-19 encendió las luces de alarma de todos los sectores de la noche a la mañana. Fue una bofetada en la cara para quienes, desde sus burbujas aisladas, rechazan las realidades ajenas. Porque ahora, el simple hecho de salir a la calle significa poner en riesgo la vida. La diferencia es que existen personas que podemos decidir si salir o no, pero hay otras que están obligadas a hacerlo, si es que quieren llevar sustento a su hogar.

Nuestro país ha demostrado contar con un Estado Social de Derecho estable para hacerle frente a lo apremiante. Pero esta crisis económica no tiene precedentes y amenaza con fuerza la posibilidad de sostener en el tiempo las instituciones del Estado. Y si antes los números en cuanto a empleo y desigualdad no eran alentadores, hoy, los retos para encontrar soluciones son el doble de desafiantes.

El debate al que le hacemos frente va más allá de sumas y restas. Estamos discutiendo el modelo país que queremos construir para el futuro. Cualquier decisión que hoy se tome tendrá implicaciones importantes en lo inmediato, pero será trascendental para las próximas generaciones. Los tomadores de decisión deben tenerlo claro, hoy más que nunca.

Para contrarrestar el impacto negativo a los sectores más vulnerables, la crisis nos exige comprender lo que sirve y lo que no. La educación es la herramienta que nuestro país decidió utilizar para hacerle frente a la desigualdad. Para que esta herramienta sea efectiva en su labor requiere de mantenimiento constante. De otra manera la brecha social en Costa Rica, incrementará.

Soy un “hijo” de la educación pública y en mi trayecto he percibido como los salones de clase, poco a poco, quedaban con menos estudiantes. Compañeros desde la escuela hasta la universidad han quedado rezagados por un sistema de educación que es desigual. Para el 2016 sólo el 53% de los jóvenes de 18 a 24 años lograron completar la secundaria y de este porcentaje, el 61% pudo continuar con los estudios universitarios (Estado de la Educación, 2017). Aproximadamente una cuarta parte de nuestra población joven, logra ocupar un espacio en alguna universidad.

Los trapos sucios no se lavan en la casa.

Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), a lo largo de nuestra gestión hemos sostenido firme nuestra posición. La autocrítica debe trazar el quehacer universitario. Una estrategia clara de regionalización, optimizar el uso de los recursos para ser más eficientes e innovar y actualizar la oferta académica son algunos de los temas que hemos defendido.

Ahora, lamento decepcionar a quienes aprovechan cualquier oportunidad para deslegitimar la pertinencia de las universidades públicas y afirman que ante estos retos estructurales la solución es reducir la inversión en educación. Disminuir el presupuesto condiciona la cobertura y la matrícula; eso sería repetir el error de la crisis de los ochenta, de la cual, obtuvimos una generación perdida gracias a esa receta. No hipotequemos el futuro de próximas generaciones.

Encajonar esta discusión en una dicotomía es irresponsable. Hay una diversa escala de “grises” que es muy importante. Las universidades públicas son capaces de atender estas problemáticas de una manera innovadora. El tiempo apremia e identifico dos ventanas importantes de oportunidad para buscar soluciones creativas a los problemas complejos a los cuales les hacemos frente.

Este año, en tres de las universidades públicas hay cambio de autoridades, lo cual, es una oportunidad para señalar retos internos y diseñar estrategias de abordaje. Así como aprender de los desaciertos y fortalecer lo bueno de cada institución. Por otra parte, por primera vez en la historia, la comisión que negocia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) tendrá representación estudiantil, lo cual se espera que se traduzca en una oportunidad para favorecer el diálogo entre actores y la transparencia en el proceso.

La COVID-19 puso a prueba nuestro aparato institucional. Se demostró que las universidades públicas aportan muchísimo al país en términos de investigación, ciencia, tecnología, salud, etc. De hecho, la valoración política ciudadana para las universidades públicas pasó de un 7,8% en noviembre 2019 a un 8,4% en abril 2020 (CIEP, 2020).

Pero también se demostró que existen tareas pendientes. ¿O acaso la modalidad virtual implicó lo mismo para aquel estudiante de alguna sede ubicada en la GAM —con buen acceso a internet— que a aquel que tuvo que dejar su residencia estudiantil y volver a su zona de origen en una de las dos fronteras del país? Esto por mencionar un ejemplo. Urgen respuestas y la sociedad costarricense confía en las universidades públicas.

El aporte de la educación superior frente al contexto actual va más allá de lo que se le pueda recortar a los presupuestos universitarios. Nuestros centros de estudio pueden aportar señales claras de que a lo interno de las instituciones públicas, se puede emprender la ruta de reforma del Estado; para garantizar la existencia de una institucionalidad sólida hacia el futuro, capaz de generar acciones afirmativas contundentes para los sectores más vulnerables y proveer estabilidad social.

De esta crisis el sistema de educación público debe de salir fortalecido, para que en unos años cuando otra pandemia ponga en riesgo nuestra sociedad, sean más las personas con oportunidades de sobrevivir y menos las que tengan que arriesgar su vida para poder comer.