En la Asamblea Legislativa se intentó, nuevamente, retrasar el derecho al matrimonio igualitario en Costa Rica, uno de nuestros mayores logros —como sistema político democrático— del siglo XXI.

Ese intento, que casi logra su cometido, se dio a dos semanas de que se cumpliesen los 18 meses para su entrara en vigor, según lo resuelto por la Sala Constitucional en 2018.

Acá, intento dar una lectura jurídico-política de los hechos, cómo fue que llegamos a ese martes pasado y cómo estamos a hoy.

Sala Constitucional

El 19 de febrero de 2020, 11 diputadas y diputados presentaron una solicitud, ante el Tribunal Constitucional, que pretendía retrasar la entrada en vigor del matrimonio igualitario. Esa petición, que la Sala conoció cómo una gestión posterior dentro del expediente que resolvió el tema, debió ser un rechazo de plano —es decir, que no debió siquiera entrar a conocerse—, no tengo duda alguna sobre ello.

Así, el 28 de febrero de 2020 en tiempo récord el Tribunal Constitucional resolvió esa gestión posterior rechazándola, hasta ahí todo bien. Pero luego le dio las pautas (a quienes la gestaron) de cómo sí podía ser conocida y resuelta por la Sala una gestión como esta. En corto, les dijo que la forma de presentarla debía ser a través de la Asamblea Legislativa, como órgano colegiado. Hasta les dijo la votación necesaria: mayoría simple de las y los presentes. No me extenderé acá, puede quedar para otra ocasión, pero la forma en que se resolvió ese asunto fue un acto ilegal —¿prevaricato?— de la Sala, contrario a la propia ley que la creó.

Claro, podemos diferir de la Sala Constitucional, blindados con todo tipo de argumentación jurídica y política. Pero en un sistema político democrático, como el nuestro, sus resoluciones se respetan. Eso es una realidad.

Ahora bien, la relevancia política de ese fallo, más allá de su efecto directo en los hechos ocurridos en la Asamblea Legislativa —que ya entro en eso—, se saca con darle una simple, pero atenta, lectura al fallo. Se consolidó, ahora sí, una clara mayoría conservadora en la Sala —por lo menos en materia del reconocimiento de los Derechos Humanos— que dio, repito, una guía paso a paso, de cómo sí se entraría a estudiar una solicitud del Congreso para retrasar el matrimonio igualitario. Repito de nuevo, contra la propia ley que la regula. Al ser la Sala uno de los actores políticos más importantes de Costa Rica tiene sus limitaciones, pero las señoras magistradas y magistrados no las respetaron.

Por eso empecé por acá, lo ocurrido esta semana en la Asamblea no fue una ocurrencia de un día para otro. Fue un actuar, de diputadas y diputados, legitimados jurídica y políticamente por una resolución de la Sala Constitucional. Un fallo del propio órgano que anuló la prohibición del matrimonio igualitario.

Asamblea Legislativa

La Asamblea, por un día, se olvidó de la verdadera crisis en la que cada sesión del Plenario cuenta, la del COVID-19. Pero esa distracción, si bien lamentable, era necesaria de atender. El martes pasado se presentó una moción, firmada inicialmente por 26 diputadas y diputados (que dependiendo del quórum les aseguraba la mayoría), para gestionar ante la Sala el retraso al matrimonio igualitario, en los términos dados por el propio Tribunal Constitucional.

La sesión de ese martes, donde con tres votaciones se intentó pasar a conocer los proyectos de ley importantes para la pandemia, sin éxito, trascurrió en receso tras receso, donde las Jefaturas de Fracción y el presidente del Congreso trataban de desenredar el nudo en que esa moción metió a la Asamblea.

(Paréntesis) En serio, el martes, estuvimos muy cerca de quedar —de nuevo— a expensas de la Sala Constitucional en cuanto al matrimonio igualitario, con una configuración de fuerzas a lo interno distinta a cuando se falló a favor del asunto. No podrían deshacer esa sentencia, pero sí retrasar su entrada en vigor. Retrasar el reconocimiento de un derecho a tantas personas, luego de tantos años.

Bueno, al final, no cedieron quienes querían votar en esa sesión la moción, aunque sirvió. El diputado presidente, Eduardo Cruikshank, terminó consultando al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea sobre cómo se calificaba la moción presentada. Aquí vino el respiro. Se le contestó que no era una moción de orden, sino una proposición varia. Con esa calificación pasó, de ser uno de los primeros asuntos a conocerse en una sesión del Plenario, a que sea materialmente imposible conocerla antes del 26 de mayo. Criterio que el Diputado Presidente respetó.

Si bien, esa moción no ha sido retirada, ahora se necesita una mayoría de dos terceras partes de la Asamblea (38 votos) para modificar la agenda y siquiera entrar a conocerla. Votos que no hay.

26 de mayo de 2020

Llegaremos al día en que el matrimonio igualitario sea una realidad con una débil amenaza en la Asamblea y con un gran, gran susto. Eso fue en serio. Sinceramente, no lo vi venir.

Aunque también estoy en desacuerdo con la razón por la que la Sala Constitucional dio esos 18 meses (a partir de jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Colombia mal utilizada), para anular la prohibición de las uniones entre parejas del mismo sexo, di al 26 de mayo de 2020 por sentado mi derecho.

Así pasará, será una realidad. Pero esto nos recuerda, al menos a mí y espero que a todas las personas que se consideran demócratas, a que no debemos dejar, nunca, de ser vigías de los espacios de toma de decisión de nuestro régimen político, ni por un segundo. Hasta que el último derecho y más allá nos sea reconocido, deben saber que siempre estamos aquí y que, nunca, estamos sentados.

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