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Desde su creación la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha demostrado ser un pilar de la paz y justicia social del Estado costarricense, ha sacado la tarea en atención de la salud de todo aquel que requiere de sus servicios.

Pese a contar con falencias, insuficiencias y múltiples problemas administrativos, gracias a la enorme asignación de recursos que percibe, y la mística y compromiso de la mayoría de sus funcionarios de salud, la CCSS es una institución de primer orden, y ha demostrado en la atención de esta pandemia por COVID-19 que se encuentra preparada para atender las necesidades de la salud de los costarricenses.

Hoy más que nunca, debemos mostrar todo nuestro compromiso con esta noble institución, para ayudarle a levantarse de la crisis económica, para ayudarle a modernizarse administrativamente, y robustecer no solo el sistema de salud, sino también para enfocarnos en facilitar la formalidad en la inscripción a la CCSS y la cotización del sector productivo.

Este es el momento para atender de manera rápida, eficiente, y racional la gestión de los cotizantes y mejorar las prácticas, procedimientos y normativa de la institución frente al administrado. Es el momento de cambiar la desidia, la tramitología, el abuso  y todas aquellas prácticas a las que deben enfrentarse los ciudadanos cuando intentan inscribirse en la CCSS y abandonar la informalidad. Es el momento de fomentar la formalización, y como consecuencia aumentar la recaudación de la institución y la cobertura de sus servicios.

En la era de la digitalización, y ante la necesidad de simplificación de trámites, la CCSS debe asumir el reto en este apartado, tomar la batuta, y de una vez por todas facilitar la formalización de empresas, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, y olvidarse de la tramitomanía y de perseguir cobros excesivos o irracionales.

Antes de la enfermedad COVID-19 la economía digital representaba el 15% del PIB mundial, una economía digital en la que se ha facilitado la existencia de muchas empresas, que pueden tener actividad en diferentes países sin una presencia física y sin un espacio físico en el cual operar. Hoy en día en nuestro país operan muchas de esas empresas, a las cuales solo les basta constituir una sucursal, y desde otras partes del mundo contratar el personal que desempeñe funciones desde casa, y que se encuentran en toda la disposición de atenderlas obligaciones con la seguridad social.

A esas empresas sin oficinas, es necesario considerarlas de manera urgente dentro de los procedimientos de afiliación e inscripción como patronos, para ellas es imperativo actualizar los manuales de la CCSS, una imposibilidad de inspección de lugar de trabajo no puede seguir siendo un obstáculo de inscripción. El establecimiento y formalización de este tipo de empresas en el país, no solo genera empleos formales, también genera recursos para la seguridad social, y fomenta la seguridad del inversionista.

También los que la pulsean, aquellos trabajadores independientes que con mucho esfuerzo emprenden un negocio, o aquellos que han sostenido por años, establecimientos comerciales o de servicios, que operan en la formalidad no deben seguir siendo perseguidos, ya de por sí, su responsabilidad operando en la formalización les otorga una carta de presentación. Para estos valientes que se enfrentan a la tramitomanía, a las inspecciones y al constante acoso, es necesario en tiempos de crisis económica dejarlos trabajar, la CCSS también debe colaborar en que los negocios se sostengan.

Por ello es fundamental revisar los reglamentos, los procedimientos, pero sobre todo el actuar en apego al principio de legalidad, hoy no es posible que la CCSS le lleve la contraria en materia laboral al Ministerio de Trabajo. Hoy no es posible que la CCSS pretenda llevar a la quiebra a trabajadores independientes, a pequeños emprendimientos estableciendo cobros excesivos, fundamentados en la presunción. Y aquí es donde debemos cuestionarnos, que podría ganar la CCSS si sus acciones llevan a la desafiliación, o la morosidad.

También en la crisis actual, en momentos en que es imperativo aumentar la formalización y la cotización para la seguridad social, debemos considerar qué hace la CCSS para atender a quienes desean dejar su condición de informalidad.

Es tiempo de que se promuevan medidas que fomenten la formalización, muchos han asumido que en este caso la tarea le corresponde a la Asamblea Legislativa, aprobando una Ley del Trabajador Independiente, moratorias para promover la formalización, en el ejercicio de  la fuerza de la ley, pues ningún reglamento, ni procedimiento está por encima de la ley. Lamentablemente hoy día la CCSS cuenta con reglamentos internos que pareciera más bien pretenden lo contrario, no captar cotizantes, entre más les cueste mejor, y entre más les pueda cobrar la CCSS estará más satisfechos.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado, es la necesidad de revisar esa normativa que impone la doble, y hasta triple afiliación en regímenes distintos, a personas que se les obliga por interpretación, presunción o una normativa interna sin sustento jurídico a cotizar. Con esto no pretendo que se piense en alcahuetería o evasión, simplemente debe aplicarse el sentido común, la CCSS cuenta con un sistema tecnológico centralizado, entonces hoy día es más fácil y práctico verificar si una persona se encuentra inscrita en uno o varios regímenes.

Y apelo al sentido común, porque no debería ser lógico que una persona que paga responsablemente un seguro voluntario porque evidentemente se encuentra desempleado,  y posteriormente ingresa a planilla, deba realizar todo un trámite engorroso para que se le detenga el cobro voluntario y acredite que lo realiza porque pasó a ser asalariado.

O el caso bomba de los últimos meses, la inscripción automática de cientos de representantes de personas jurídicas como trabajadores independientes, por el simple hecho de ostentar una representación legal de un tercero jurídico, a pesar de ser cotizantes en algún otro régimen.

Insisto, es necesario revisar la idoneidad, racionalidad, y hasta legalidad de manuales, reglamentos y procedimientos, que no ayudan a la formalización, y que lo que hacen es generar cobros administrativos, que se llegan a convertir en cobros judiciales, que le ocasionan a la institución más gastos que ingresos.

Si bien es cierto, gran parte de la solución a estos planteamientos debe pasar por la Asamblea Legislativa, la CCSS requiere una reingeniería interna, una revisión de su gestión administrativa hacia los asegurados y hacia todos aquellos que pretenden afiliarse y aportar a la seguridad social.

La CCSS está más que capacitada para asumir el reto de la digitalización, la modernización y la simplificación de trámites; y los costarricenses, extranjeros cotizantes, las empresas y los inversionistas merecen un trato digno y eficiente por parte de esta institución y su servicio, basado todos los principios que ofrece el Estado de Derecho.

El seguro de salud y el régimen de pensiones no gravan la riqueza, no son impuestos directos, son tributos creados para dotar de seguro y pensión, por ende, debe tener topes y no pretender cobrar un porcentaje global y sin tope al trabajador, son una garantía para el contribuyente, no una amenaza.

La CCSS necesita cotizantes, condenar a las personas a vivir sin seguro y sin posibilidad de acceso a una pensión en la vejez, no solo es una injusticia, es un costo adicional para el Estado dado que tendrán que asistirlos sí o sí, u otorgarles una pensión por el régimen no contributivo. Parece que es hora de que se dé un golpe de timón, y de seguridad jurídica, en la administración de la CCSS.