Si el juez notarial Francis Porras León insiste en pedir que el matrimonio de Marco Castillo y su esposo Rodrigo Campos sea anulado, se encuentra expuesto a tener que pagar una millonaria suma a modo de garantía por su gestión.
Castillo, el notario que fue sancionado por Porras y que ahora es víctima de un intento del juez notarial por anular su matrimonio realizado a través de la Jueza de Familia de Desamparados, confirmó a Delfino.cr que solicitaron 15 millones de colones a cada a uno si Porras apela y pierde el rechazo al recurso de nulidad que emitió la jueza Maureen Solís Madrigal.
Fue la propia juzgadora aplicando el artículo 561 del Código Procesal Civil (que aún se encuentra vigente para temas como matrimonios), quien le dio 24 horas a Castillo y Campos para que, si a bien lo tuvieran, solicitaran a Porras rendir la garantía que establece esa norma.
Si bien el artículo es claro al indicar que el monto de la garantía debe ser fijado a gestión de quienes sí son partes del proceso, la jueza decidió (con el fin de no incurrir en excesos), que los esposos expongan las razones por las que solicitan la garantía y el monto que considera cada uno.
Todo esto pues la resolución que fije la garantía carece de recurso y el monto fijado sería girado en beneficio de los esposos tal como lo indica la norma pero en especial, estimo que el gestionante, a pesar de sus evidentes excesos, también tiene derecho a conocer qué garantía le es solicitada y por qué.
La jueza Maureen Solís Madrigal determinó que Francis Porras actuó de mala fe y en persecución de Marco Castillo. Ordenó que lo hecho por Porras fuera trasladado al Tribunal de la Inspección Judicial, Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; y le prohibió cualquier posibilidad de acceso al expediente judicial, la consulta de los folios físicos del expediente e incluso todo lo ya digitalizado y, en general, obtener copia del expediente salvo que los esposos lo autoricen expresamente.
