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Desde hace más de dos años el sector pesquero palangrero nacional se mantiene en alerta.  Han sido veinticuatro meses en los que hemos recibido señales claras de que algunos sectores, con el beneplácito del Gobierno, pretenden poner fin o desaparecer nuestra actividad productiva.

¿Por qué afectar a más de 1500 personas que viven directa o indirectamente de la pesca de palangre en nuestro país?  ¿Cuáles son los motivos ocultos para querer acabar con una actividad que genera empleo a lo largo de su cadena de valor, alimento de alta calidad y materia prima para la exportación?

Nuestros pescadores se dedican a la pesca de especies pelágicas, o grandes peces como atunes, dorados, espada y tiburones de especies permitidas.  Para capturar estos recursos, nuestras embarcaciones de mediana y avanzada escala deben viajar largas distancias para realizar sus faenas de pesca.  Muchas veces, emprenden viajes de uno, dos o hasta tres meses, para poder satisfacer la demanda del producto.

En los últimos cuatro años, hemos trabajado en mejorar nuestras prácticas pesqueras y cumplir con estándares internacionales de pesca responsable. Incluso trabajamos actualmente en el desarrollo del primer Proyecto de Mejora Pesquera o FIP por sus siglas en inglés que tendrá Costa Rica y que pretende certificar la pesca de atún, dorado y pez espada.

Si estamos haciendo las cosas bien y luchando por sobrevivir en medio de una prolongada crisis económica que ha afectado a nuestro sector, nos preguntamos, por qué insisten las autoridades nacionales, junto a sus contrapartes —organizaciones no gubernamentales ambientalistas—, en querer acabar con nuestra actividad.

Las luces rojas en la pesca de palangre se han encendido de forma paulatina y hemos llevado nuestras preocupaciones a los foros de diálogo y discusión correspondiente, pero sin ser escuchados ni atendidos, por eso trabajamos en una estrategia de acción en favor de nuestro sector, que pueda llevar a la opinión pública la discusión sobre los temas que nos afectan directamente y de manera preocupante.

Tres acciones concretas recientes del Gobierno han encendido las luces de alerta de manera acelerada.

  1. Puesta en marcha de forma acelerada de toda la maquinaria para que la Asamblea Legislativa apruebe un empréstito de 75 millones de dólares estadounidenses supuestamente para fortalecer nuestro sector, pero cuyos fondos servirán fundamentalmente para financiar consultorías e iniciativas en las que nuestro sector pesquero no ha sido involucrados.
  2. Firma de convenios y alianzas del Incopesca con organizaciones no gubernamentales para emprender iniciativas de gobernanza marina, economía azul y otros proyectos en los que no se involucra al sector pesquero, privando claramente un enfoque ambientalista y no de producción. Mientras Incopesca realiza estas alianzas, el sector pesquero palangrero nacional es paulatinamente invisibilizado y dejado de lado con fines claros de exterminación.
  3. La aprobación del reglamento la comisión científica en la Junta Directiva de Incopesca donde se darán criterios para la toma de decisiones sobre nuestra actividad pesquera, sin haber sido consultado de previo el sector y sin integrar el conocimiento tradicional de los y las pescadoras costarricenses.

Las autoridades pesqueras de Costa Rica se mueven hoy en día al ritmo de los intereses ambientalistas, dejando de lado el necesario equilibrio entre conservación y producción, dejando de lado la transparencia y gestionando acuerdos y convenios en los que los sectores pesqueros quedan fuera. Mientras hablan de gobernanza, se olvidan de los actores principales de la pesca, que somos nosotros, las y los pescadores del país.