El juicio del caso conocido como "CCSS-Synthes" arrancó este lunes con la lectura de los 1046 hechos que conforman la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos contra tres personas por el delito de estafa mayor y tentativa de estafa mayor contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

De acuerdo con el Ministerio Público, se trata de 624 hechos vinculados a lo ocurrido en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y 422 hechos vinculados a lo ocurrido en el Hospital Max Peralta de Cartago, por lo que se prevé que la lectura se prolongue durante varios días.

Los hechos acusados ocurrieron en ambos hospitales entre 2009 y 2011, pero fueron denunciados hasta el año 2014. El caso fue declarado de tramitación compleja y el final del juicio se proyecta para octubre de este año.

La Fiscalía acusó a tres personas: Lorenzo Castaño Suárez, representante de la empresa Synthes, quien durante la fase de investigación eludió el proceso penal y tras ser detenido en Estados Unidos y deportado a Costa Rica el 2 de abril del 2019 se encuentra en prisión preventiva; Johan Masís Arrieta, vendedor de la empresa y exfuncionario del Hospital Max Peralta de Cartago; y Edwar Aguilar Alcócer, funcionario de Synthes vinculado a materia de ventas.

El Ministerio Público analizó una serie de facturas presentadas por la empresa de insumos ortopédicos ante la CCSS por materiales como placas, clavos, tornillos, alambres, agujas, pines y otros, que, supuestamente, habían sido utilizados en cirugías de pacientes. Sin embargo, se determinó que se trataba de facturas que hacían referencia a personas que no habían sido operadas o que sí lo habían sido, pero en otra área hospitalaria y, consecuentemente, no habían requerido de dichos insumos.

De ambos centros de salud se extrajo una muestra de las facturas secuestradas. En el caso del Hospital Calderón Guardia se acusaron 68 facturas irregulares, algunas no pagadas por la CCSS, cuyo perjuicio económico fue valorado en $28.878, mientras que de las que sí fueron pagadas a la compañía se calculó un perjuicio de $61.991 (equivalentes a poco más de 14.700.000 y 33.916.000 de colones, respectivamente). Por hechos ocurridos en este hospital, se acusó a Castaño y a Aguilar.

En el caso del Max Peralta, bajo la misma modalidad, se acusó a Castaño y a Masís. Del muestreo se acusó un total de 60 facturas, las cuales habían sido pagadas por la Caja a la empresa. El perjuicio económico determinado, según la muestra, fue de $38.441 dólares, equivalentes a poco más de 19.666.000 colones.  

En total el perjuicio estimado para la CCSS entre la estafa y la tentativa de estafa asciende a 68.282.000 colones.