La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), María del Pilar Garrido presentó este lunes a la Asamblea Legislativa la propuesta de texto sustitutivo para la Ley de Empleo Público, con la cual se prevé un ahorro anual para el Sector Público No Financiero de 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

El texto, explicó Garrido, busca modernizar el servicio público para que sea más ágil, transparente y eficiente; se apega a mandatos constitucionales, a necesidades ciudadanas y a buenas prácticas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El nuevo texto plantea un único régimen de empleo público conformado por ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universidades, judiciales, servicio exterior y de confianza. El mismo aplicará únicamente para nuevas contrataciones.

Asimismo, pasa de 20 a 7 principios rectores: el Estado como patrono único, la carrera administrativa (ascenso, descenso, traslado o permuta), equidad salarial, excelencia en el servicio; mérito, capacidad y competencias; modernidad y prevalencia del interés general.

Tal y como lo dispuso la Ley 9635 (plan fiscal), el Mideplan se mantendrá como el rector del empleo público en el país, mientras que el Servicio Civil pasa a ser un ente técnico adscrito al Mideplan. Los encargados de ejecutar la política serían las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones públicas.

La propuesta dispone que cada institución deba crear un plan de empleo público que contenga, como mínimo, el análisis de disponibilidad y necesidad de personal; previsiones sobre sistemas de organización de trabajo y modificaciones a las estructuras de puestos; y reforzamiento de personal en ámbitos prioritarios.

También se creará una plataforma web que almacene todas las ofertas laborales del sector público donde las personas puedan someter a consideración sus atestados y se establece que si un funcionario obtiene dos evaluaciones del desempeño con una nota inferior a 70 será causal del despido.

Los despidos también cambiarían pues se le otorga al jerarca de la institución el poder de hacer el trámite, mientras que el Tribunal Administrativo pasará solo a conocer los casos en etapa de apelación.

Todos los funcionarios de una misma familia de puestos que ocupen un mismo cargo y tengan iguales responsabilidades, tendrán el mismo salario. A ello se suma la eliminación de los incentivos monetarios para cambiarlos por estímulos no salariales (por ejemplo capacitaciones) y por ende, la implementación del salario global.

Para definir el salario que corresponde a determinado puesto de cada familia, Mideplan plantea una metodología que asigne un puntaje por cada factor cumplido y que sumados determinen cuál es la remuneración a percibir. Por ejemplo: nivel educativo o de experiencia requerido; el peso de esa plaza para lograr las metas institucionales, complejidad del trabajo, disponibilidad, peligrosidad, responsabilidad asociada al manejo de recursos públicos, entre otros. A menor puntaje, menor salario y por ende, a mayor puntaje mayor será el salario de esa plaza.

Esta medida reduciría la desigualdad de las remuneraciones dentro del sector público, ya que de acuerdo con la ministra el Coeficiente de Gini actual entre los funcionarios es de 0.513, y al implementar el salario global bajaría a 0.318 (con este coeficiente, el valor cercano a 0 significa igualdad perfecta y un valor cercano a 1 significa total desigualdad).

El nuevo texto también plantea topar en 20 días hábiles las vacaciones, se permita reducir hasta en un tercio la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o discapacidad y se amplía la licencia remunerada por maternidad hasta por dos meses adicionales en algunos casos, y se crea la licencia remunerada de paternidad por un mes.

El Gobierno plantea que, a partir de que la Asamblea apruebe esta ley, habrá 12 meses plazo para su entrada en vigencia con el fin de dar un plazo de ajuste institucional. El reglamento a la ley se emitiría seis meses posteriores a su entrada en vigencia.

¿Qué cambió?

Respecto al texto previo, la nueva redacción elimina los subregímenes de empleo público y los transforma en familias de un único régimen; introduce la columna salarial con la metodología anteriormente señalada, define las competencias de Mideplan en su rol rector de empleo público y crea el salario global solo para nuevo personal.

También se elimina la creación del Consejo Consultivo y de los incentivos monetarios, traslada el Servicio Civil y el Tribunal Administrativo al Mideplan; pone tope de vacaciones de 20 días en lugar de 30 y crea una regulación para los interinos.