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Las posiciones recientes de algunas personas diputadas en relación con la próxima negociación del presupuesto de la educación superior pública (FEES) 2021, nos convoca como comunidad nacional y universitaria, a reconocer que la universidad pública enfrenta como nunca antes, su mayor amenaza: la eliminación-transformación del articulado normativo constitucional que da lugar al principio que la define como un bien público social y no un servicio público más. Este postulado asume el argumento, que el Estado obtiene una responsabilidad capital para con la sociedad; la de garantizar que la educación es un derecho humano y un medio insustituible para el desarrollo integral, en clave de justicia y equidad social.

Contrariamente y fraguado desde el Poder Legislativo y en asocio con el Ejecutivo, el derecho a la educación superior es cada vez más violentado y en consecuencia, se intenta supeditarlo a la lógica del libre mercado, porque sin financiamiento sostenible por parte del Estado, no hay derecho a la educación superior y sin este, no hay autonomía universitaria.

Lamentablemente, los políticos de cierta estirpe, han encontrado abono fresco en la crítica situación económica-social que atraviesa el país, como resultado de la pandemia por COVID-19 y han afinado la puntería contra las universidades públicas, aún cuando estas, han demostrado su importancia al lado de otras instituciones sociales, para atender la situación país. Ahora, los esfuerzos legislativos no se empeñan únicamente en condicionar el presupuesto universitario, protegido constitucionalmente en el artículo 85, para que su asignación no sea menor a la del año anterior, se trata de plantear, desde una comisión interna creada para ese fin hace un año, la Reforma al Sistema Universitario Público, que incluye, según lo circulado en discursos de algunas personas legisladoras, una nueva redistribución de los montos históricos asignados a las universidades, la reestructuración del CONARE y la regulación de los recursos laborales (salarios y plazas), incluyendo el traslado de los superávit al gobierno central, todas propuestas que se están elaborando al margen de las mismas universidades públicas y sus instancias de gobierno.

No se trata exclusivamente de un tema presupuestario, como lo fue en el pasado, ahora la situación es mucho más amplia y compleja, tiene que ver con el modelo de educación superior pública que se quiere promover y que irremediablemente nos lleva a pensar sobre el modelo de sociedad que se quiere alcanzar. este es el verdadero fondo de lo que estaremos enfrentando y debe de constituir el principio central de su defensa y de la lucha por la educación superior pública.

Por ello, corresponde como comunidad universitaria en primer lugar, es tener claro qué defenderemos y por qué lo hacemos. Más allá de honrar las condiciones laborales legítimamente conseguidas, es el momento de la historia personal y colectiva donde tendremos la posibilidad de heredar el legado de la educación superior pública y su compromiso misional con la formación de profesionales, la investigación científica y transferencia de conocimientos, saberes, tecnología, artes y cultura, y la presencia transformadora por medio de la extensión social. Reivindicar la importancia de la inversión sostenida en la educación pública superior y devolver con mayor calidad y pertinencia a la sociedad esa prerrogativa, deberá ser la renovación de nuestros votos como comunidades universitarias.

En el tema puntual y ante la inminente crisis de financiamiento que enfrentan las universidades públicas, y la UNA en particular, se hace imperativo, desarrollar una estrategia que promueva el manejo financiero responsable, eficiente y sostenible del presupuesto institucional, que sea integral en sus componentes, transparente, gradual, participativo y respetuoso de la legislación laboral en su aplicación, de alcance en el corto y mediano plazo, con fundamento en la autonomía universitaria y la realidad del contexto país, y que asegure la pertinencia y el funcionamiento estable de la universidad.

Hoy más que nunca, especialmente como colectivo universitario y empujados por una sólida visión autocrítica, en el marco de la autorresponsabilidad otorgada por la autonomía universitaria misma, debemos ser capaces de pensarnos a nosotros mismos y revisar nuestros esquemas de organización y proponer los cambios pertinentes a fin de cumplir con mayor legitimidad social nuestros principios misionales. Sin perder que la defensa de la educación superior pública es válida y necesaria. Esta es una tarea irrenunciable y que nos debe de orientar en nuestra lucha.