El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este sábado 10 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo cual la cifra total de casos se eleva a 853. Respecto al día de ayer, la variación porcentual de los casos confirmados fue del 1.19%

Se registran casos confirmados en 69 cantones de las 7 provincias correspondientes a 758 adultos, 43 adultos mayores y 52 menores de edad. De los casos confirmados 387 mujeres y 466 hombres. Asimismo, 717 son costarricenses y 136 son extranjeros.

Los nuevos casos confirmados corresponden a uno importado y nueve locales, todo con nexo epidemiológico definido. Los casos nuevos se reparten: siete en San José, uno en Tibás, uno en Aserrí, uno en Heredia y uno en El Guarco. Se eliminó un caso en Desamparados.

Hay 551 personas recuperadas (9 más que ayer) y diez fallecidas (dos más que ayer), por lo que la cantidad de casos activos (actuales infectados) es de 292. Por primera vez en tres días, el número de casos activos baja respecto al día previo. El 64.60% de los casos confirmados se registran como recuperados.

De los casos recuperados 269 son mujeres y 282 son hombres, por edad se tienen 495 adultos, 29 adultos mayores y 27 menores de edad.

Hay 17 personas internadas (una menos que ayer), de las cuales cuatro personas están internadas en Unidades de Cuidados Intensivos (una menos que ayer) con edades de entre 53 a 75 años.

La cantidad de casos descartados porque su prueba de COVID-19 dio negativo subió a 12.915. En total, se reportaron resultados de 665 personas analizadas en las últimas 24 horas, con lo cual el total acumulado de personas testeadas (confirmados+descartados) es de 13.768.

El total de pruebas hechas acumuladas a la fecha (que incluye descartados, confirmados, reconfirmaciones, seguimientos, etc.) es de 19.401 por lo que se reportaron 746 pruebas más que ayer.

El Dr. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenó una investigación contra el funcionario del Hospital México que filtró ayer el fallecimiento del décimo paciente por COVID-19 cuando este todavía se encontraba vivo en estado crítico. Ruiz afirmó que ese funcionario faltó a su deber ético y de confidencialidad y reiteró la solicitud a la prensa de que antepongan el derecho a la familia de las víctimas de enterarse del fallecimiento por fuentes médicas, antes que por una primicia periodística.

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