La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para estudio una demanda contra el Estado de Costa Rica por la alegada impunidad en el homicidio de la niña Josebeth Retana Rojas, ocurrido hace 15 años en la localidad Ticari de Horquetas en el cantón herediano de Sarapiquí.

El caso fue presentado por los abogados y periodistas costarricenses Ronald Moya Chacón y David Delgado Cabana el 11 de febrero del 2020 y en él se relata que la niña fue asesinada el 5 de setiembre del 2005 a la edad de ocho años. Desde entonces el caso permanece impune y las autoridades judiciales lo dejaron prescribir, pese a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó a la Fiscalía General de la República varios informes con suficiente prueba que individualizaba como único sospechoso a un vecino de la menor asesinada.

"No obstante, la Fiscalía no realizó ningún acto para elevar el caso al control jurisdiccional, de manera que se pudiese determinar si existía mérito o no de someter al sospechoso del homicidio a un contradictorio, provocando entonces una impunidad y vulneración a los derechos más fundamentales de la niña asesinada y de sus familiares", dice un comunicado enviado por ambos abogados.

La actuación ilegal, negligente y desinteresada de la Fiscalía General de la República llevó al Estado costarricense a convertirse en infractor de los derechos humanos de Josebeth Retana Rojas y sus familiares, de conformidad con los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: violación al derecho de protección judicial y garantías judiciales, violación del derecho a la vida y violación de los derechos del niño.

La denuncia se entabló luego de la publicación de libro La niña olvidada, escrita por Moya en septiembre del 2019 y en la cual se narran los pormenores que favorecieron que el crimen de Josebeth Retana Rojas esté en la impunidad. La obra recoge el testimonio de los agentes judiciales que participaron en la investigación, quienes responsabilizan a la Fiscalía General de la República por haber dejado que el homicidio de la niña quedase en nada.

A ello se suma que el pasado 16 de octubre del 2019, la madre de Josebeth presentó un escrito a la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, para que le indicara formalmente si el homicidio de su hija estaba prescrito, pero la funcionaria le respondió que la consulta había sido trasladada a la Fiscalía de Sarapiquí y este último despacho nunca respondió.

La denuncia responsabiliza directamente a la fiscala Emilia Navas, quien para la época del homicidio de Josebeth, fungía como fiscala adjunta de la provincia de Heredia y autorizó el archivo del caso por parte de la Fiscalía de Sarapiquí que estaba bajo su jurisdicción.

Además, se acusa a Minor Jiménez Alvarado, fiscal encargado del caso en Fiscalía de Sarapiquí, quien para la época fue el encargado de la investigación del caso siendo cuestionado con frecuencia por los oficiales del OIJ por no prestar atención a los informes que se le presentaron sobre el homicidio de la niña. Actualmente se desempeña como juez penal en el cantón de Puriscal, San José.

Finalmente, el caso señala a Luis Alberto Soto Barrantes, fiscal que sin haber participado en la investigación del caso dictó la resolución mediante la cual se archivó el expediente sobre el homicidio de Josebeth Retana Rojas el 22 de noviembre del 2007. Actualmente es juez penal de Nicoya, Guanacaste.

La denuncia pretende que el caso sea elevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José, a fin de que se declare la responsabilidad del Estado costarricense por la violación de los derechos humanos en peruicio de Josebeth y sus familiares.