El pasado 23 de abril personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses, principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración, allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería  y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

Según un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada. Posteriormente allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo.

Además, las autoridades no habrían presentado ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona, de acuerdo con los testimonios recabados por el CEJIL. Una vez en el lugar, las reunieron  y pidiendo que mostraran sus documentos personales.

Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca.

"Desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio", advierte la organización internacional que busca defender los derechos humanos

Debido a los hechos sucedidos, el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestaron preocupación y solicitan la investigación respectiva ante los hechos expuestos.

"Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, donde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras.", dice el comunicado.

Asimismo, CEJIL recuerda que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

El organismo espera que los altercados ocurridos el pasado 23 de abril sean investigados con el fin de sancionar a los funcionarios responsables.