Para el Instituto Nacional de Seguros (INS), realizar una donación en beneficio de las y los costarricenses no tiene por qué ser un trámite complicado.

Olvidémonos de la burocracia y pensemos en la necesidad de nuestras familias, con esa consigna el INS y el Poder Ejecutivo enviaron a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, de un solo artículo, que busca trasladar de manera inmediata ₡75 mil millones, desde el INS, a los afectados por el COVID-19.

La aprobación o no de este proyecto, requiere de un análisis breve que me permito presentarles.

Durante más de 90 años el INS ha sido el administrador del seguro de Riesgos del Trabajo. Siempre se ha enfocado desde una perspectiva absolutamente social, de hecho, de conformidad con el Código de Trabajo, la aseguradora no se deja ni un colón de las utilidades que éste seguro pueda tener al final del período anual.

El instituto siempre ha entendido, que este seguro es fundamental para proteger a las personas trabajadoras y que además es de la mayor importancia para la competitividad de las empresas, por ello se busca brindar la mayor calidad con el menor costo posible.

Durante esos más de 90 años, se han ido construyendo unas reservas, que son montos de dinero que el INS separa, con la finalidad de ser utilizados para amparar cualquier eventualidad que se presente en Riesgos del Trabajo; por ejemplo, una situación que genere muchos accidentes laborales, o que gran cantidad de trabajadores enfermos en el trabajo por causa de un virus como en el caso de la pandemia por COVID-19. Para esos casos contamos con una reserva de capital que tiene más de ₡100 mil millones y que permitiría hacerles frente a esos eventos masivos.

Hace poco más de un mes presentamos un proyecto de ley, mediante el cual cambiábamos la cantidad de impuestos que paga el INS, pasando de aproximadamente un 50% de la utilidad bruta a 65% sobre la utilidad bruta, es decir, al INS solamente le iba a quedar un 35% de las utilidades que genera durante el año, para su capitalización.

Fue en ese contexto donde planteamos algunas reformas a la administración de Riesgos del Trabajo, de tal forma de que, si llegara a quedar alguna utilidad en ese seguro, esa utilidad se pudiera utilizar para capitalizar el INS, pero respetando siempre la administración de las reservas ya constituidas para el beneficio de riesgos del trabajo, como un mecanismo de seguridad en beneficio de los trabajadores y empresarios del país.

Ese proyecto se retiró del conocimiento de la Asamblea Legislativa y se presentó uno nuevo que pretende una donación de ₡75 mil millones del patrimonio del INS, en beneficio de todos los costarricenses que se encuentran afectados por la enfermedad COVID-19. Es un proyecto sencillo, de un solo artículo donde se ordena al INS a proceder con el traslado en favor del Ministerio de Hacienda.

Es un mecanismo para financiar el Bono Proteger, donde el INS como empresa pública, materializa su función social y su compromiso con los costarricenses y que permitiría financiar el pago de 600.000 bonos Proteger, en beneficio de familias afectadas.

En el contexto de discusión de este proyecto, la Superintendencia General de Seguros (Sugese), volvió a traer a la mesa la reforma al régimen de Riesgos del Trabajo para que se permitiera la recapitalización del INS, en caso de que hubiera alguna utilidad.  En esta oportunidad, manifestamos que en ese aspecto concreto estábamos de acuerdo, pero con una salvedad que también habíamos hecho en el proyecto anterior y es que ocupábamos que, mediante un transitorio a la ley, se autorizara al INS para seguir con el funcionamiento de las reservas en las cuales se tienen cientos de miles de millones de colones, que son de todos los trabajadores costarricenses.

La Sugese ha planteado otro transitorio, que consideramos atenta directamente contra el seguro de Riesgos del Trabajo, pues deja una indefinición absoluta sobre las reservas que el INS ha creado durante más de 90 años y con ello viene a poner en una situación de debilidad el seguro de Riesgos del Trabajo, que ha venido siendo administrado por el INS.

Hoy, lo realmente urgente es atender las necesidades básicas de las personas y eso pasa por aprobar un proyecto en su forma más sencilla; ordenando el traslado de los recursos en beneficio de las familias afectadas por COVID-19, e indicando que esos ₡75 mil millones se van a utilizar únicamente para el Bono Proteger, donde se garantice que el dinero del INS va a beneficiar a los costarricenses, quienes al final son los socios del INS.

Pueden ustedes tener completa seguridad de que ese dinero se van a tomar directamente del patrimonio de INS, no vienen de reservas de seguros solidarios, ni comerciales y a pesar de entregar a Costa Rica ese monto, el INS continuará siendo la empresa financiera pública o privada, con el patrimonio más grande de todo Costa Rica.

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