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Costa Rica se encuentra atravesando la sexta semana —desde que fue diagnosticado el primer caso en el país— de la Pandemia por COVID-19, la cual según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)  ha provocado una paralización total o parcial que afecta a casi el 81% de la fuerza de trabajo del mundo, es decir unos 2700 millones de personas trabajadoras.

Estos datos, no hacen más que confirmar la catástrofe social, humana, y sí; también económica, que ha supuesto al planeta la situación —quizá— sin precedentes dados los cambios en los modelos de desarrollo que tenemos (¿o teníamos?) hoy en el mundo. Y más allá del manejo epidemiológico —el cual estoy muy lejos de conocer— que resulta vital para el correcto manejo de los sistemas de salud de cada país quizá podamos coincidir en que, sin importar el nivel de desarrollo de las naciones que se han visto azotadas por esta desgracia, el comportamiento de la mayoría de los Estados ha tenido similitudes en el abordaje de protección a las personas, a partir de sus derechos laborales y el inmanejable impacto que indudablemente están viviendo también las empresas.

Estas coincidencias, podrían llevarnos a identificar dos etapas: La primera, como de un “coma inducido” en lo económico, para proteger quizá el bien jurídico mas elemental con el que contamos, la salud, ergo, la vida. Así las cosas, reducimos el oxígeno y la energía de la economía casi al punto de ponerla conscientemente a dormir, mientras que los actores políticos con reacciones más que oportunas, generaban y concretaban respuestas más en tendencia a dar soporte durante este lapsus de sedación profunda. La segunda etapa, en la cual aún no ingresamos —aunque ya alguien debería estar trabajando en ello—, responde a ese cuidadoso despertar y su posterior proceso de recuperación de la actividad económica.

Ahora hablemos del título de este artículo. El cual puede encontrar su explicación si revisamos en detalle las acciones políticas dirigidas para la atención de la primera etapa, entre las cuales por supuesto sobresalen las siguientes:

Estas medidas —junto con otras—, forman parte de ese cóctel que buscan atender las necesidades más inmediatas. Pero si miramos con más detenimiento, podríamos estar frente a medidas de índole estructural, más relacionadas con un proceso de flexibilización laboral, que de una coyuntura o de una “Legislación Laboral de Emergencia”.

Acaso, no lleva este país años discutiendo sobre la posibilidad de ampliar las jornadas de trabajo en algunos tipos de actividades, cuando estas no representen peligro ni situaciones insalubres. Será que no esta en la corriente legislativa el proyecto de ley 21.182. ¿Qué motivo nos impide tomar decisiones en pro de promover el empleo? ¿Por qué limitarnos a solo protegerlo? ¿Acaso no era una tragedia ya, el nivel de desempleo que teníamos antes de que llegara la pandemia? Por esto, durante la segunda etapa, la de recuperación económica, resulta vital apresurar medidas que permitan jornadas flexibles para aquellas empresas que lo requieran de acuerdo con la realidad de su giro comercial.

El Bono Proteger y el uso de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral en esta coyuntura —desde mi humilde opinión—, se podría configurar en lo más cerca que ha estado Costa Rica de estructurar un seguro de desempleo. Obviamente, la coyuntura no solo amerita el esfuerzo para buscar las fuentes de financiamiento que permitan acometer esa inminente necesidad. Sin embargo, también es cierto, que las circunstancias implican que el monto económico que se deba destinar sea mucho mayor, que el que se tendría que dirigir en momentos más calmos. Pero, que diferencia existe entre los cientos de miles de personas que hoy afrontan esta difícil situación, con aquellas que eran parte de 12,4% de desempleo que registró la última Encuesta Continua de Empleo (ECE). Siendo esto así, y entendiendo la importancia fundamental que los seguros de desempleo tienen en todo sistema de protección social, qué nos impide entrar a revisar si resulta pertinente o no, retirar de forma voluntaria el FCL cada 5 años, ¿Qué otros recursos podríamos destinar para fortalecer un eventual esquema de prestaciones por desempleo? ¿Podríamos ahorrar un poco más los Trabajadores? ¿Podríamos revisar el esquema de la cesantía? Podría ser el momento de apurar la reforma propuesta por el Instituto Nacional de Aprendizaje, y asegurar una política de formación y reinserción laboral muy activa, un verdadero sistema de empleo tal y como la Constitución demanda en su artículo 72.

Por último, fuimos testigos de la decisión tan oportuna de la Junta Directiva de la CCSS, respecto a la reducción de la Base Mínima Contributiva. Pero, realmente debemos ver esto como una medida coyuntural, cuando desde hace años se viene hablando de tomar acciones en esta dirección como alternativa a la “epidemia” de informalidad con la que cuenta el país. ¿Entonces? ¿No deberíamos buscar que medidas de este tipo queden instaladas en nuestro país de manera permanente? ¿Por qué no hablar de contratos de tiempo parcial? Y que estos se ajusten a la flexibilidad de la BMC. ¿Y los trabajadores autónomos o independientes? Podríamos a partir de esto, hablar de una verdadera estrategia nacional de formalización.

Sin duda alguna, estamos viviendo momentos únicos. El mundo tal y como lo conocíamos, tardara en volver —en caso de que lo logre—. Pero definitivamente debemos afrontarlos con tenacidad y determinación. Y para lograr todo esto, la etapa de recuperación de la actividad económica, podría encontrar en esa Legislación Laboral de Emergencia —que hemos visto es posible— algunas medidas que permitan no solo recuperarnos más rápidamente, sino potenciar nuestras capacidades a partir de todo lo que logremos capitalizar como país en el manejo de esta crisis, y salir adelante juntos.

200 años de historia están ahí, esperando lo que haremos por los que aún no están aquí.