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A raíz de una intervención desafortunada de la magistrada Roxana Chacón, en la sesión de Corte Plena del 30 de marzo de 2020 se ha desatado una serie de desinformación, a nivel mediático, que ha venido nuevamente a producir una reacción negativa de la opinión pública en contra de la institución y sus empleados, por lo que es necesario hacer algunas aclaraciones.

El contexto de lo acontecido consistió en que, ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19, los jerarcas de la institución, enfrentados al hecho de que algunos despachos no tenían las condiciones para prestar en forma segura los servicios y era necesario dar una salida a la situación de riesgo, se tomaron algunas medidas extraordinarias, una de ellas, la reducción de personas presenciales en los diversos despachos, implementando en algunos casos turnos de atención y enviando a las y los trabajadores que podían hacer teletrabajo a cumplir sus funciones desde su casa. Sin embargo, cierto grupo de empleados, no tenían posibilidad de mantenerse en sus labores presenciales, ni tampoco posibilidad de desempeñar sus funciones a través del teletrabajo, para estos casos, que son los mínimos, se dispuso que estas personas fueran enviadas a sus hogares, disfrutando del saldo de vacaciones que tuviesen.

Desde un inicio, en las mismas sesiones de Corte, donde por mayoría se dispuso dicha salida, algunos magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda apuntaron la inconveniencia de esa alternativa por reñir con derechos fundamentales de carácter laboral, dado que las vacaciones tienen una clara dinámica, en su esencia, de permitir que los empleados recobren fuerza, se desembaracen del cansancio acumulado y retomen luego sus labores con nuevos bríos, claramente, ese rol, que por definición tienen las vacaciones, no se iba a poder lograr en las condiciones actuales en que se estaba dando esta alternativa.

Se vislumbraba así, desde el mismo seno de la Corte Plena que, si las y los trabajadores ejercieran sus reclamos, era probable que la salida tuviera que ser avalada a nivel jurisdiccional.  Pese a ello, esta opción se aprobó por mayoría de 13 votos a favor, con 8 votos en contra.

Esa decisión, en atención a las razones expuestas en relación al atropello a los derechos laborales, fue recurrida por el Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) solicitando su reconsideración, pero, hay que acotar, que en un enfoque claro, pertinente y acorde con un sentido patriótico y de responsabilidad social, el planteamiento fue un paso más allá, indicando que en vista de las situaciones imperantes y las necesidades también del usuario de la institución, para congeniar todos los intereses, lo que solicitábamos era que los  funcionarios y servidores judiciales que tuviesen que irse para sus casas, se les reconociera el salario, pues la situación se debía a una imposibilidad de la institución de garantizarles las condiciones laborales seguras ante la pandemia, sin embargo, que estos repusieran el tiempo que iban a permanecer en dicha condición, con trabajo fuera de las jornadas ordinarias, una vez que se tornara a la normalidad, pasada esta situación excepcional.

Pese a lo razonable de nuestra petición, la magistrada Roxana Chacón, que aparentemente lideró el grupo que desechó nuestra propuesta, intervino en una forma poco elegante y con un total desconocimiento de nuestro planteamiento, reclamando que queríamos que no se nos tocara las vacaciones y haciendo lucir a los funcionarios y empleados judiciales como inconscientes, aprovechados y poco solidarios.

Resulta lamentable el desconocimiento que esta magistrada evidenció de una institución y, sobre todo, de la base trabajadora de la misma que, pese a estar sometida a un escarnio público desde hace tiempo, en gran medida justificado por los excesos de esa cúpula gerencial, aún así no ha perdido su clara mística, trabajando siempre a conciencia y, en medio de esta situación de excepción, manteniendo con valentía los servicios esenciales y vitales de la misma con normalidad.

No podemos menos que reprochar enérgicamente que una integrante de Corte Plena procediera a bajar la moral, de los funcionarios y servidores judiciales, reflejando una desconsideración impropia de un jerarca, cuando la mayoría de los funcionarios y servidores judiciales le están poniendo el pecho a las balas, con la camiseta puesta y laborando desde sus diversas trincheras, unos en forma presencial exponiéndose a un eventual contagio de ellos y sus familias y otros desde sus casas teletrabajando, extendiendo sus labores más allá de los horarios ordinarios sin cobrar siquiera horas extras.

Para verdades, el tiempo. Posiblemente Corte Plena tendrá que, en su momento, reconsiderar su decisión, porque los saldos de vacaciones son limitados y los empleados que se están enviando a las casas son incluso de los que menos tiempo acumulado pueden tener, por lo que la alternativa que ofrecíamos como Sindicato, posiblemente tendrá que ser considerada si la situación de cuarentena se extendiera, dicho sea de paso lo que nosotros planteábamos es la que han aplicado otras realidades, tal el caso de España, en donde a través del Real Decreto-ley 10/2020 del 29 de marzo, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez Pérez-Castellón, formula una opción similar, para aquella nación.

Los empleados judiciales, al igual que muchos otros funcionarios públicos, tales como los empleados de la salud, de acueductos y alcantarillados, del Instituto Costarricense de Electrícidad, de la Compañía Nacional de Fuerza y luz, de las Universidades Públicas, así como los miles de maestros en todo el territorio nacional y tantos otros que cometo la injusticia de no mencionar específicamente, son parte de un ejército de personas que en esta crisis, de una u otra forma están poniendo su compromiso y esfuerzo al servicio de la Patria, es un ejército que desgraciadamente, no están siendo atacado en su moral por el enemigo invisible que sólo tiene la posibilidad de lesionarnos a nivel de la salud física, pero que si están siendo desgastados a nivel psicológico por erráticas decisiones de los gobernantes y de algunos compatriotas inconscientes que siguen haciendo política barata en su contra, sin entender que el debilitar el tejido social es debilitarse y exponerse ellos mismos.