El Gobierno de Carlos Alvarado presentó esta tarde a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que los 23.150 millones de colones que se pagarían por concepto de la anualidad del año 2020 a los funcionarios públicos, sean redirigidos a entregar ayudas para personas que perdieron su empleo por la pandemia de COVID-19.

Según informó la Casa Presidencial esta tarde, la propuesta propone adicionar un transitorio único a la Ley de Salario de la Administración Pública para que durante este 2020 el aumento de la anualidad que recibirían todas las personas servidoras del sector público no sea reconocido, y que dicho recurso presupuestario sea trasladado íntegramente a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

"Esta medida -que es extraordinaria y que se aplicaría por una única vez- excluye a quienes laboren para el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y los cuerpos policiales del país", explicó Presidencia.

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó en un comunicado de prensa que las afectaciones sanitarias y económicas que vive el país y el mundo por esta pandemia retan a hacer grandes esfuerzos para enfrentar la emergencia.

Somos conscientes de la grave disminución de la actividad económica en prácticamente todos los sectores, lo que provoca un alto número de personas en situaciones de vulnerabilidad y mayor demanda de atención a través del Estado. Sometemos a consideración de los señores y señoras diputadas la presente iniciativa, cuyo espíritu busca alivianar la situación que miles de familias atraviesan por la pérdida de su empleo, producto del COVID-19

La evaluación de desempeño del año 2020 se realizaría únicamente para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, pero no generará ningún efecto pecuniario.

A como se presentó el proyecto, la anualidad del 2020 no se reconocería a futuro. A partir del año 2021 la anualidad correspondiente a dicho año y a los años futuros se pagaría de manera ordinaria según lo establece la ley.