La reeligen pero ¿no le hacen caso?

Con un resultado que el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides calificó de "contundente", la contralora general Marta Acosta Zúñiga fue reelecta para otros ocho años en el más alto cargo del ente fiscalizador de la Hacienda Pública.

Acosta resultó ganadora en primera ronda del proceso de votación hecho por el Plenario en el que participaron 49 de los 57 diputados: ella recibió 43 votos, seguido de Mauricio Gómez Franceschi (excandidato a alcalde de Nueva República y defensor del exmagistrado Celso Gamboa) con tres votos, dos nulos y uno para Eric Stell (sic.). Cualquier parecido con el nombre del diputado Erick Rodríguez Steller es mera coincidencia, o no...

La funcionaria de 61 años asumió el cargo titular de la Contraloría en el año 2012 y ocho años antes estuvo como subcontralora. Con su nuevo periodo constitucional acumulará 24 años en los dos puestos más importantes de la institución.

Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional hicieron público su apoyo a la reelección de Acosta, entre otros motivos, por su gestión de control y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) aprobada a finales del 2018 y las investigaciones realizadas respecto al "hueco presupuestario" de la administración de Luis Guillermo Solís.

Estas fueron algunas de las reacciones individuales de congresistas:

Silvia Hernández, jefa del PLN: "Una Contraloría al mando de doña Marta Acosta nos da tranquilidad a las y los costarricenses. Tranquilidad porque ha desempeñado ese puesto con rigurosidad, sentido común y honorabilidad. Tranquilidad, porque en los tempestuosos tiempos que vivimos, su experiencia servirá para navegar en las turbulentas aguas de la recesión económica y en la recuperación que de seguro vendrá. Tranquilidad, porque su temple y coraje son garantía ante aquellos inescrupulosos que pretendan aprovecharse indebidamente de los recursos que pertenecen a todas y todos los costarricenses".

María José Corrales, PLN: "El desempeño de doña Marta goza de credibilidad y transparencia. Su gestión fiscalizadora en el buen uso de los recursos públicos justifican a cabalidad este nombramiento".

David Gourzong, PLN: "Marta Acosta ha realizado una gestión con total transparencia y compromiso; ha levantado su voz crítica para aportar de forma oportuna a la discusión de los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de ayudar al país a salir adelante. Sin duda, ha cumplido con su cargo satisfactoriamente".

Carlos Ricardo Benavides, PLN: "Hemos depositado en ella y en su liderazgo la importante tarea de darle continuidad a su trabajo para asegurar la debida fiscalización de la Hacienda Pública así como el mantenimiento de nuestras finanzas, de la manera más sana posible".

María Inés Solís, PUSC: "Voté a favor de la reelección de doña Marta Acosta Zúñiga, funcionaria pública excepcional con 16 años en el ente Contralor. Ha realizado una labor destacable por 8 años al frente de la Contraloría General de la República y tiene nuestro voto de confianza para asumir durante 8 años más este puesto y seguir siendo vigilante de la gestión pública".

Jonathan Prendas, independiente: "Ella ha demostrado que tiene clara la función de la CGR: fiscalizar al Estado, buscar el buen uso de los recursos y los bienes públicos, contribuir en la mejora de las entidades gubernamentales. Después de la crisis del Covid-19, y conociendo la ideología del PAC, esas tareas serán aún más importantes".

¿Bastantes elogios, verdad? Lamentablemente las advertencias y criterios de la Contraloría General de la República pocas veces son acogidos por los diputados. Justo este martes, después de reelegirla, los diputados aprobaron dispensar de todos los trámites el proyecto que autoriza a las municipalidades a dar moratorias de impuestos por la pandemia de COVID-19, a cambio de excluirlas definitivamente de la regla fiscal y hasta quitarles la obligación de hacer sus licitaciones a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

Esa votación se dio luego que en horas de la mañana más de una veintena de alcaldes se presentara a las afueras del Auditorio Nacional -donde sesiona ahora el Plenario- para pedir la aprobación de la iniciativa, la cual fue fuertemente criticada por la Contraloría por carecer de sustento técnico.

En un oficio emitido por el Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR el 13 de abril, antes de que los diputados plantearan formalmente el proyecto, además de criticar la conveniencia de muchas de las medidas contenidas en el proyecto, incluyendo moratorias de impuestos, suspensión de pagos al Ministerio de Hacienda, Registro Nacional y hasta permitiendo el no uso del Sistema de Compras Públicas (Sicop), la Contraloría hizo referencia a la pretensión respecto a zafar los gobiernos locales de cumplir la regla fiscal.

En primer lugar, el ente contralor recordó que ya la Ley 9635 dispone un mecanismo para flexibilizar dicha regla y que la misma no hace más que materializar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, eficiencia, eficacia y transparencia en la administración del gasto público; de manera tal que su objetivo, es establecer reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr una política presupuestaria que garantice la sostenibilidad fiscal.

"[Esas] reglas son de suma importancia en un contexto como el actual, para asegurar una prudente gestión financiera y la continuidad del servicio público en beneficio de la ciudadanía. También es importante considerar que como parte de la atención de la emergencia se esperaría que los gastos corrientes de diversas partidas, previstos en los presupuestos de este año ya no sean necesarios, por ejemplo aquellos asociados a la realización o participación en actividades a lo interno y externo del país y a la utilización de la modalidad de teletrabajo; lo que permitiría un espacio para el ahorro o la redirección de recursos hacia gastos prioritarios en la situación actual", señala el documento.

La Contraloría señaló que medidas como las planteadas en el proyecto de apoyo a los contribuyentes implicaría menores ingresos durante el periodo de vigencia de su aplicación y, por tanto, menor posibilidad de incremento en gastos.

"Una exclusión definitiva de los Gobiernos Locales de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de esta propuesta", finaliza la advertencia.

Reforma a Ley del Depósito de Golfito

46 diputados aprobaron en primer debate una reforma a la Ley del Depósito Libre Comercial de Golfito tramitada en el expediente 21.710, iniciativa del diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional.

El plan inicialmente pretendía adecuar el horario de funcionamiento, prorrogar los contratos de concesión por un plazo de diez años y autorizar el uso del superávit específico existente de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) para invertirlo en estas mejoras a la infraestructura del depósito:

  • Construcción y acondicionamiento de un comedor para trabajadores de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y trabajadores del Depósito Libre Comercial de Golfito.
  • Construcción y acondicionamiento de una sala de lactancia materna para trabajadores de Judesur, trabajadores y clientes del Depósito.
  • Acondicionamiento de la totalidad de las áreas comunes del Depósito, para el fiel cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
  • Mantenimiento y pintura de todas las áreas comunes del Depósito, así como de las áreas externas de todos los locales comerciales y la Aduana.
  • Sustitución completa de todas las baterías de baños y lavatorios de las áreas comunes del Depósito.
  • Reconstrucción de la entrada principal del Depósito, que garantice el libre tránsito y seguridad a las personas.

Sin embargo, los diputados aprobaron un texto sustitutivo que cambió de manera importante el texto, de modo que ya no se usará para esa obras, sino para financiar gasto corriente (salarios y compra de servicios) de Judesur y las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus.

2 mil millones se usarán para atender el convenio suscrito entre Ministerio de Hacienda y Judesur, así como los gastos corrientes, producto de la disminución de los ingresos tributarios y no tributarios, de manera tal que pueda mantener la prestación continua de servicios y el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como asegurar la correcta operación del giro comercial del Depósito Libre de Golfito en los ejercicios presupuestarios de los años 2020 y 2021.

Por otro lado, 1500 millones se dividirán en 300 millones para cada una de las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus, para financiar gastos corrientes, aunque de previo a la transferencia cada una deberá demostrar mediante una constancia ante la Contraloría General de la República una disminución de sus ingresos como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Otros 3750 millones de colones serán transferidos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la atención de la emergencia nacional por COVID-19 en los cantones de influencia de Judesur.

Las demandas de Liberación para el 1 de mayo

Dos de los seis puestos del Directorio y controlar el 50% de las comisiones legislativas. Esas son las demandas del Partido Liberación Nacional en las negociaciones para conformar el directorio que dirigirá el Congreso en el año legislativo 2020-2021.

Prácticamente las exigencias de los verdiblancos son mantener, numéricamente, sus condiciones actuales: Carlos Ricardo Benavides es el presidente y Paola Valladares la prosecretaria del Directorio, mientras que Ana Lucía Delgado preside la Comisión de Hacendarios, Roberto Thompson la Comisión de Económicos, Yorleni León la de Control de Ingreso y Gasto Público y Luis Fernando Chacón la de Nombramientos.

Dada la rotación que se espera (asumiendo Eduardo Cruickshank de Restauración Nacional como presidente), un verdiblanco pasaría a ocupar la primera secretaría del Congreso y el PAC quedaría en la segunda secretaría.

Aunque son seis los cargos del directorio solo tres tienen relevancia en su funcionamiento ordinario: presidencia, primera y segunda secretaría. La vicepresidencia y las dos prosecretarías operan como suplentes de los titulares.

Los diputados volverán a sesionar este jueves. Cabe advertir que hay intenciones de retrasar la votación en segundo debate de la ley contra la usura crediticia, enviándolo a consulta de la Sala Constitucional. De conseguirse las 10 firmas necesarias, ampliaremos en una nota adicional quiénes fueron y qué argumentos usaron.