La Defensoría de los Habitantes propuso a la Asamblea Legislativa una serie de cambios al proyecto de ley 21.917 que procura no pagar la anualidad 2020 a los trabajadores del sector público, con el propósito que esos fondos sea utilizados para la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Entre los cambios sugeridos está que no se elimine por completo el pago de la anualidad para el 2020, sino más bien que se aplique una suspensión temporal de la anualidad. Lo que supondría que la anualidad sería reconocida posteriormente a todos los funcionarios públicos a los que se les aplique esta medida, una vez que el Estado vea fortalecida su economía.
Adicionalmente, desde la Defensoría señalaron que el mantener la anualidad a un grupo de funcionarios —específicamente, sector salud y fines policiales—podría visualizarse como una medida discriminatoria. A pesar de que la Defensoría aseguro comprender los argumentos para limitar las anualidades a ese grupo de funcionarios, recordaron que el incentivo laboral de la anualidad se estableció como un pagó en mérito al trabajo desempeñado durante un año para aquellas personas funcionarias que obtengan una calificación “muy buena” en sus evaluaciones de desempeño.
Desde la Defensoría señalaron que, como la anualidad es un derecho establecido por ley, el Estado debería considerar otras alternativas más equitativas, como la suspensión temporal del mismo, como una medida solidaria tal y como otras que ya definidas por el Gobierno con ocasión de la actual crisis sanitaria por el COVID-19.
Adicionalmente, desde la Defensoría señalaron la necesidad de conocer cuánto es el monto que se tiene previsto recaudar con esta medida y el destino de los fondos. Y apuntaron que, a pesar de la buena intención del proyecto, a su criterio podría contener vicios de inconstitucionalidad.
