Tras una sesión que duró más de 4 horas, la Corte Plena acordó autorizar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) colaborar con el Ministerio de Seguridad en labores de atención a la emergencia nacional por COVID-19. La decisión se tomó ante las solicitudes enviadas por el director general del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, y el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas.
Dato D+: La discusión de la sesión se extendió porque el magistrado Paul Rueda solicitó se le abriera la posibilidad de abstenerse de votar ante la posibilidad de que el tema llegara eventualmente a la Sala Constitucional. La Corte rechazó la solicitud del magistrado Rueda con 6 votos a favor y 13 en contra
El acuerdo de Corte autoriza al OIJ a destinar recursos (humanos y materiales) para colaborar en la contención de la emergencia nacional. Además, el acuerdo prohíbe explícitamente que el OIJ quede a las ordenes del Poder Ejecutivo y que funcionarios del OIJ operen cómo policía preventiva, y define al director del OIJ como responsable de que esta colaboración se haga dentro del marco de las competencias legales del OIJ y que no puede interferir con las obligaciones usuales del OIJ. Espinoza deberá presentar, posteriormente, un informe a la Corte de los recursos que fueron utilizados en esta coordinación.
Inicialmente, el acuerdo tendría vigencia desde hoy y hasta el 11 de mayo de este año, sin embargo, podría ser extendido por la Corte Plena, dependiendo de la evolución de la emergencia nacional.
Durante la sesión de Corte Plena, el director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, informó que alrededor de 600 agentes judiciales están en disposición de ayudar en labores de control de fronteras a la Fuerza Pública, como una forma de solidarizarse con las labores policiales que realizan dichos efectivos en esa zona.
Según afirmó Espinoza, en el OIJ hicieron la consulta a sus bases y alrededor de 600 agentes estarían dispuestos a trabajar y ayudar, e incluso se comprometieron a través de un documento escrito a que no se les va a pagar horas extras y que recibirían apoyo logístico como de alimentación y traslado por parte del Ministerio de Seguridad.
